CSIF marca las alertas del inicio de curso en Andalucía: menos escuela pública, falta de personal y recursos insuficientes para atender a la diversidad

• El sindicato reclama más inversión para mejorar la calidad de la enseñanza, mejores condiciones para los docentes y un gran pacto que aporte estabilidad al sistema

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza, ha realizado una radiografía del estado de la educación coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027, en la que ha alertado de las importantes brechas que sigue arrastrando el sistema educativo y que condicionan la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado.

CSIF ha señalado en rueda de prensa este lunes que “Andalucía ha avanzado, en gran parte gracias al Acuerdo de 16 de julio de 2025 firmado por CSIF, pero todavía no ha conseguido convertir esos avances en igualdad real de oportunidades”. El sindicato considera que la normalidad del inicio de curso “no puede medirse únicamente por la apertura de los centros, sino por la situación real en la que se encuentran las aulas, las plantillas y los recursos educativos”.

El diagnóstico del sindicato pone de manifiesto que Andalucía tiene hoy más alumnado que hace quince años, pero menos en la red pública. Entre los cursos 2009-2010 y 2024-2025, el sistema educativo andaluz ha crecido un 3,5 %, mientras que la red pública ha perdido 17.580 alumnos y ha pasado de escolarizar al 75,1 % del alumnado al 71,4 %. Especialmente significativa es la situación en Infantil, donde la pública ha pasado de escolarizar al 70,6 % al 61,5 %, una pérdida de 9,1 % puntos. Para CSIF, esta evolución evidencia que el crecimiento no se ha traducido en un refuerzo equivalente de la enseñanza pública.

Esta pérdida se acompaña de una reducción de unidades públicas de Infantil y Primaria, que han pasado 29.730 en el curso 2009-2010 a 26.906 en 2024-2025. La organización sindical considera que el descenso demográfico debe aprovecharse para mejorar la calidad educativa, reducir ratios y reforzar la atención individualizada, y no convertirse en una justificación para cerrar unidades o reducir plantillas. “Menos alumnado no puede significar automáticamente menos escuela pública”, ha defendido el sindicato.

La FP es otra de las grandes alertas del inicio de curso. El alumnado ha aumentado un 82,3 % en los últimos quince años, pero la evaluación de redes ha sido muy desigual. Mientras la red pública ha crecido un 51,2 %, la privada no concertada ha incrementado su alumnado un 1.243 %, multiplicándolo casi por trece. Como consecuencia, la pública ha pasado de escolarizar al 77,6 % del alumnado al 64,4 %, mientras que la privada no concertada representa ya el 22 %.

Para CSIF no puede considerarse un éxito de la política educativa que el crecimiento de una enseñanza estratégica se canalice cada vez más hacia centros privados, por lo que ha exigido un plan de expansión de la FP pública, con oferta suficiente y financiación estable, que permita atender la demanda de los jóvenes andaluces sin que el acceso dependa de la capacidad económica de las familias.

Otro de los grandes problemas que condicionan el inicio de curso es la atención a la diversidad. El alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo ha aumentado un 55 % entre los cursos 2015-2016 y 2024-2025, hasta alcanzar los 153.926, de los que casi ocho de cada diez son atendidos en la red pública; sin embargo, los puestos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación han crecido aproximadamente un 20% en ese mismo período.

CSIF ha advertido de que esta diferencia se traduce en sobrecarga de los profesionales, dificultades para ofrecer una atención individualizada y situaciones en las que los docentes especialistas deben desarrollar su labor entre varios centros. Aunque el Acuerdo de julio de 2025 incluye un aumento de cupos para la atención a la diversidad, la Central Sindical ha reclamado más inversión para garantizar que el alumnado reciba los apoyos que necesita, ya que “la inclusión no puede descansar sobre la buena voluntad del profesorado”.

La falta de personal sigue siendo una de las principales alertas del sistema educativo andaluza. Aunque el número de docentes de la red pública ha aumentado en los últimos quince años, Andalucía mantiene una ratio de 10,7 alumnos por docente, frente a los 9,8 de media nacional. Según CSIF, sería necesarios alrededor de 10.300 docentes adicionales para situarse, como mínimo, en la media española. Para ello, el sindicato propone incorporar entre 1.700 y 2.100 puestos estructurales cada curso durante cinco años.

A estas carencias se suman las dificultades relacionadas con la financiación y las infraestructuras. Andalucía invierte 6.965 euros por alumno, frente a los 7.421 euros de media nacional. Además, el 79,3 % del profesorado encuestado por CSIF considera que los centros necesitan mejoras o presentan deficiencias importantes, para, por ejemplo, hacer frente al calor en las aulas.

En cuanto a condiciones laborales del profesorado, CSIF ha insistido en la necesidad de mejorar las retribuciones, reducir la burocracia y avanzar en el reconocimiento profesional. Un docente andaluz puede llegar a cobrar casi 8.000 euros brutos menos al año que un profesional de alguna de las comunidades mejora retribuidas.

Por otro lado, CSIF ha puesto en valor los avances conseguidos y ha exigido que se cumplan íntegramente las medidas conseguidas mediante el Acuerdo de 16 de julio de 2025, que incorpora la reducción de ratios, empezando por bajarla este mismo curso a 22 alumnos por aula en Infantil de 3 años; el incremento de cupos para la atención a la diversidad, la modalidad telemática para tareas que no requieren atención directa al alumnado, los días de asuntos particulares en período lectivo, convocatoria del acceso del Cuerpo de Catedráticos y el refuerzo horario vinculado a la función tutorial.

CSIF ha advertido de que “estos avances no agotan nuestras reivindicaciones y ha que el inicio de curso debe servir como punto de partida para acometer reformas urgentes que permitan blindar la educación pública andaluza, para lo que es necesario incrementar la inversión, mejorar las condiciones laborales de los docentes y alcanzar un gran pacto por la educación que aporte estabilidad al sistema”.