CSIF-A exige a los partidos que concurren a las elecciones del 17M un compromiso firme con los servicios públicos y avanzar hacia un diálogo social más abierto y plural

• El sindicato centra sus reivindicaciones en el refuerzo de la sanidad, la educación o la justicia y la mejora de las condiciones de sus profesionales
• Pide una Ley de Participación Institucional que represente a todos los trabajadores y no se limite a los sindicatos de siempre

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha exigido una petición clara a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo: un compromiso firme, real y verificable con la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Para la organización sindical resulta prioritario blindar servicios esenciales como la sanidad, la educación, la justicia, la atención a la dependencia y el conjunto de prestaciones que garantizan la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha señalado que “quienes aspiran a representar a las y los andaluces deben asumir un compromiso inequívoco con ellos, alejándose de cualquier planteamiento que pueda debilitar el sistema público y el estado de bienestar que hemos construido entre todos y todas”.

Asimismo, la Central Sindical ha reclamado a los partidos que pongan en marcha políticas que beneficien directamente a las familias andaluzas, entre ellas la creación de empleo estable y de calidad, la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, el impulso de medidas eficaces de igualdad y conciliación, así como facilitar el acceso a la vivienda.

Girela ha advertido de que CSIF exigirá al futuro Gobierno andaluz el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral. “CSIF pide hechos, no palabras, por eso estaremos vigilantes para que quien se comprometió cumpla lo que dijo antes de acudir a las urnas”, ha señalado Girela, quien ha incidido en la necesidad de que la acción política se traduzca en mejoras tangibles para los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía. En este contexto, CSIF ha informado de que ha solicitado una reunión a todos los partidos con representación en el Parlamento actualmente para trasladarles sus reivindicaciones, pero aún sigue a la espera de respuesta.

El responsable sindical también se ha referido a la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de diálogo social en la comunidad. “Es una prioridad que el nuevo gobierno de Andalucía, lo ostente quien lo ostente, muestre su disposición a reflejar la realidad laboral de una Andalucía del siglo XXI, pues la Ley de Participación Institucional aprobada a finales de 2024 deja sin voz a cientos de miles empleadas y empleados públicos y a cada vez más trabajadores de la empresa privada”, ha denunciado Girela.

En este sentido, la Central Sindical ha recordado que el Gobierno actual incumplió la palabra del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien se comprometió en sede parlamentaria a contar con una norma más abierta y plural. “Escapa de toda lógica que la concertación social deje fuera a un sindicato como CSIF, que supera con creces a CCOO y UGT en representatividad en sectores esenciales como la Sanidad, la Educación, la Justicia y la Administración General de la Junta de Andalucía”, ha explicado Girela, para quien “esta vergonzosa ley se traduce en que se toman decisiones que afectan a las empleadas y empleados públicos sin contar con el sindicato con mayor presencia entre ellos”.

Por último, la Central Sindical ha fijado como prioridad que durante la próxima legislatura se haga efectiva la devolución de la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 detraída a las empleadas y empleados públicos andaluces, lo que supone un incumplimiento del acuerdo firmado con la Administración en 2018 para su restauración. “No puede haber más excusas ni demoras para abonar a los empleados públicos lo que es suyo”, ha concluido Girela.