El 20 % de las personas que trabajan en la Administración General del Estado conoce a una compañera víctima de violencia de género

• CSIF exige que se pongan en marcha medidas urgentes y estructurales para atajar un problema presente en los centros de trabajo al igual que en resto de ámbitos de la sociedad
• Reivindica que la figura del delegado o delegada sindical especializada en esta materia se incorpore a todos los planes de igualdad de las administraciones y empresas privadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha alertado de que el 20 % de las personas que trabajan en la Administración General del Estado (AGE) conoce al menos a una mujer víctima de violencia de género en su entorno laboral. Así se refleja en una encuesta realizada por CSIF Nacional a trabajadores y trabajadoras de la AGE y que pone en evidencia la necesidad de elaborar estudios más complejos que sirvan como referente para atajar esta realidad social.

Para el sindicato, los resultados de esta encuesta deben hacer reaccionar a las instituciones públicas para que pongan en marcha estrategias bien definidas que acaben con estos episodios de violencia que, lamentablemente, en la mayoría de ocasiones se viven en silencio y pasan desapercibidos socialmente.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer mañana 25 de noviembre, CSIF ha manifestado que las administraciones públicas “no pueden mirar para otro lado” y deben tomar medidas urgentes, concretas y estructurales para hacer frente a un problema presente en los centros de trabajo al igual que en el resto de ámbitos de la sociedad.

La secretaria técnica de Igualdad y Acción Social de CSIF Andalucía, Cecilia Cueva, ha insistido en la importancia de seguir avanzando en la negociación de planes de igualdad tanto en la Administración pública como en las empresas privadas, puesto que “desde CSIF estamos convencidos de que son la clave para avanzar en medidas que aseguren la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”. 

Asimismo, ha destacado que el trabajo del sindicato contra la violencia de género está dando resultados puesto que el Pacto de Estado en esta materia incluye su propuesta para que las delegadas y delegados sindicales participen de manera activa en la prevención y detección de posibles casos. Aun así, “no es suficiente y hay que seguir reclamado que la figura del delegado o delegada sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género se incorpore a los planes de igualdad”, algo que ya se consiguió en marzo de 2024 en el Plan para el personal de la Administración de Justicia en Andalucía. A su juicio, “esta figura es muy necesaria para cubrir una carencia en el ámbito laboral, ya que sería una herramienta fundamental para la prevención y gestión de la violencia machista, tanto en el ámbito público como en el privado”, ha señalado.

Este delegado o delegada estaría formado para detectar casos, canalizar problemas y ofrecer ayuda y seguimiento a las empleadas afectadas. Además, CSIF ha exigido una dotación adecuada de personal especializado en los juzgados de violencia de género, donde la situación es especialmente grave desde que en octubre asumiesen también la instrucción de todos los delitos contra la libertad sexual y de trata sin el personal adicional necesario. Este refuerzo es esencial para garantizar una tramitación ágil y efectiva de los procedimientos, evitando que las víctimas queden desprotegidas.

La encuesta realizada por la Central Sindical también revela que más del 80 % del personal de la AGE desconoce en detalle o no tiene constancia de que exista un protocolo de actuación en su trabajo o de movilidad para víctimas de violencia de género. Esta cifra evidencia el déficit de formación, difusión y aplicación real de las medidas ya existentes, incluidas las del IV Plan de Igualdad para dicha administración acordado con CSIF. En este sentido, y tal como considera el 89 % de las personas encuestadas, es necesario reforzar la formación del personal para detectar y actuar ante posibles situaciones de violencia machista y poner freno a este vacío existente en el ámbito laboral.

Para la organización sindical es evidente que hay carencias profundas en la Administración cuando solo el 18 % de las personas encuestadas considera que las medidas actuales de protección y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral son suficientes. Por este motivo, son necesarios protocolos y medidas más específicas para proteger y acompañar en el centro de trabajo a las profesionales víctimas de violencia de género, como la movilidad, la reserva de puesto, la flexibilidad o el apoyo psicológico, como así afirma el 66 % de las personas consultadas.

Otro de los problemas que afectan a la mujer es la brecha de género en las administraciones públicas, en las que su salario es un 10 % menor que los hombres, como ha denunciado CSIF en reiteradas ocasiones. Por ello, el sindicato acordó en el Plan de Igualdad de la AGE que Función Pública audite los salarios para eliminar diferencias entre hombres y mujeres. La encuesta recoge también que el 47 % de las mujeres considera que ser mujer les perjudica en su trabajo y promoción profesional.

La violencia de género va más allá de un problema individual o familiar, sino que es un problema estructural de la sociedad, como manifiesta el 85 % de los encuestados, por lo que, a juicio de CSIF, es necesaria una respuesta contundente y ordenada por parte tanto de los dirigentes políticos como de la ciudadanía en general.

Negociación con Función Pública

En el marco de la negociación colectiva iniciada recientemente con el Ministerio de Función Pública, CSIF ha puesto sobre la mesa medidas en torno a la igualdad y no discriminación como la necesidad de publicar los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.

La violencia de género en España constituye una realidad inapelable, como lo demuestran las 38 mujeres, once de ellas en Andalucía y con un nuevo caso en investigación, y los 3 menores que han sido asesinados en lo que va de 2025. Estos datos evidencian la necesidad de un mayor compromiso de toda la sociedad, instituciones, partidos políticos y administraciones y del refuerzo de la estrategia política de ‘tolerancia cero’ contra cualquier tipo de agresión.