CSIF solicita una prórroga de seis meses para la implantación de la oficina judicial de los Tribunales de Instancia en Andalucía

• El sindicato señala la falta de definición y negociación de las relaciones de puestos de trabajo, la insuficiencia de medios tecnológicos y las carencias en infraestructuras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha solicitado mediante escrito formal una prórroga de seis meses para la aprobación e implantación de la Oficina Judicial asociada a los Tribunales de Instancia en la comunidad andaluza. La organización sindical ha formulado dicha petición en base a la falta de definición y negociación real de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), la insuficiencia de medios tecnológicos y las carencias en cuanto a infraestructuras y espacios de trabajo no adaptados adecuadamente.

Asimismo, el sector de Justicia de CSIF Andalucía ha señalado que la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor a principios de 2025, establece que la implantación de la Oficina Judicial será simultánea a la constitución de los Tribunales de Instancia, condicionándola a la aprobación previa de las RPT mediante negociación sindical obligatoria, algo que en Andalucía no se ha producido ya que las organizaciones sindicales no constituyeron la Mesa Sectorial de Negociación debido al conflicto retributivo en la Administración de Justicia en Andalucía; en este sentido, CSIF ha recordado que Andalucía es la única comunidad que no cuenta con una propuesta económica para aplicar el complemento de productividad que reconozca el esfuerzo del personal funcionario.

La mencionada ley “prevé la posibilidad de fijar una fecha diferente para la implantación de las oficinas judiciales cuando concurran circunstancias excepcionales relativas a las infraestructuras o los medios tecnológicos que lo justifiquen”, ha explicado el presidente de CSIF Justicia Andalucía, Diego Díaz, quien ha añadido que “la normativa establece que, en caso de no estar aprobadas las RPT, se mantendrá el régimen anterior y se dispondrá de seis meses para hacerlo. A juicio de CSIF, a día de hoy en Andalucía concurren múltiples circunstancias que imposibilitan una implantación responsable en los plazos inicialmente previstos en la legislación actual.

A la falta de negociación con las organizaciones sindicales se suma que la transformación en el nuevo modelo judicial  estructural exige interoperabilidad, una digitalización integral y medios técnicos adecuados; sin embargo, tal y como ha denunciado CSIF, a día de hoy los diferentes sistemas informáticos siguen contando con graves incidencias, como, por ejemplo, en el caso de los Registros Civiles y las Oficinas de Justicia de Municipio, que no tienen instalados los programas informáticos necesarios pese a tener compatibilidad con la Oficina Judicial. CSIF Justicia Andalucía también se ha referido al programa de gestión @driano, que sigue presentando deficiencias funcionales que comprometen el servicio que se presta a la ciudadanía.

En cuanto a infraestructuras, CSIF ha denunciado que, al igual que ha ocurrido en la mayoría de partidos judiciales de la Fase I y la Fase II, aún no se han completado las adecuaciones de espacios, salas de vistas e instalaciones de los servicios de Guardia, Menores y Violencia previstas en el nuevo modelo organizativo. Esta circunstancia llevará aparejada una precarización de las condiciones del personal funcionario y una infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. “La ley exige ordenación progresiva y garantista, no precipitación e improvisación organizativa, que es sinónimo de riesgo para profesionales, ciudadanía y operadores jurídicos”, ha explicado Díaz.

Por otro lado, CSIF ha señalado que, tanto en la Fase I y II, y ahora pasará en la III, el personal ha sido acoplado sin que se hayan publicados los protocolos de actuación ni los manuales de puesto; es decir, el personal obtiene nuevos destinos sin que sepan cómo se va a trabajar ni qué conlleva dicho puesto, especialmente las jefaturas, así como tampoco cómo se va a seguir trabajando con los expedientes vivos actualmente.

Por último, la Central Sindical ha reivindicado que “la Justicia es un servicio público esencial que precisa que se le dote de medios personales, materiales y organizativos adecuados y suficientes, y los tres ámbitos son igualmente necesarios, por lo que es necesario contar con la prórroga solicitada para garantizar la calidad de la atención a la ciudadanía y para proteger los derechos de las y los trabajadores”.