Los sindicatos exigen soluciones urgentes para el personal del Servicio de Valoración de Atención a la Dependencia

• Las organizaciones denuncian el abandono de la Junta de Andalucía hacia este personal, especialmente las valoradoras y valoradores de dependencia, que sufren agravios comparativos graves con respecto al resto del personal y no se atienden las peculiaridades de sus puestos de trabajo

Los sindicatos representantes del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, SAF, CSIF, ISA, CCOO y UGT, denuncian la situación insostenible y las precarias condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, especialmente el colectivo de valoradores y valoradoras de las Unidades de Valoración de la Dependencia de la Junta de Andalucía. Y es que, la Junta incumple reiteradamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con este colectivo: evaluaciones de riesgos ficticias, planificaciones preventivas inventadas,  falta de formación e información a los representantes del colectivo, aplicaciones que incrementan la carga psicosocial, el no suministrar el vehículo como equipo de trabajo (como lo indica la propia Inspección de Trabajo), y como si esto fuera poco, ahora se les quiere obligar a que cubran una mayor zona de trabajo. Las cinco organizaciones sindicales insisten en que la Junta cumpla de una vez esta Ley, que lleva en vigor desde hace 30 años, antes de tener que lamentar daños a la salud de este personal.

“La Administración señala a este personal cuando se habla de los terribles atrasos que acumula el sistema de dependencia, ocultando las difíciles condiciones de su ejercicio y las gravísimas carencias de personal. La Relación de Puestos de Trabajo es de 2008, y no está cubierta al completo; en estos casi 20 años la población a atender ha aumentado, ha envejecido y se ha redistribuido, sin que la Junta acometa la labor de refuerzo de personal que corresponde” señalan fuentes sindicales. Un problema que se arrastra desde la creación del sistema de dependencia es el de la movilidad del personal valorador. Los sindicatos recuerdan que entre las condiciones y requisitos para acceder a su plaza, no aparece el disponer de carnet de conducir ni vehículo propio, por lo que se entiende tácitamente que dicho vehículo tendría que ser suministrado por la “empresa”; no obstante, para la realización de sus tareas de valoración, que requieren desplazamientos a los domicilios de las personas dependientes, a estos trabajadores no se les proporcionan los recursos necesarios ni ningún medio oficial de transporte, exigiéndoles que utilicen y pongan a disposición del servicio sus vehículos privados. No se les compensa el desgaste y coste de reparación de sus vehículos, gastos de aparcamiento, ni el peligro inherente a la conducción continuada entre distintas poblaciones, y en distintos tipos de vías, muchas de ellas en condiciones de accesibilidad peligrosas. Sólo se les abonan los gastos de combustible (con las muy magras dietas actuales de kilometraje, que no se corresponden con el coste real). “Se han producido accidentes que han supuesto siniestro total del vehículo, sin que la Junta compense absolutamente nada”, señalan desde los sindicatos.

Por otro lado, señalan que la naturaleza de esta labor, realizando visitas a domicilio, hace que no dispongan de un puesto físico o despacho, por lo que deben realizar sus informes y tareas administrativas en el domicilio de las personas dependientes, cuando no en establecimientos hosteleros de la zona o en la propia vía pública, sin contar con necesidades básicas de aseo personal. En palabras del colectivo, “cuando entras en un domicilio no sabes qué te vas a encontrar: desde familiares con enfermedades mentales, hasta animales agresivos, aseos sucios, etc. Incluso hemos llegado a sufrir coacciones y secuestros temporales”.

La presión por cumplir objetivos les obliga a aprovechar cualquier tiempo y cualquier situación para poder completar los informes de las visitas. La atención domiciliaria también conlleva en ocasiones riesgos de acoso o violencia que no son debidamente considerados; muchas de estas situaciones ocurren al no existir la suficiente información previa, y al no dejar que sea el propio personal valorador quien organice sus  agendas de visitas.

La situación se agrava por el incremento del número de visitas a realizar y en los procedimientos que hay que llevar a cabo. “Hasta ahora, se valoraba a la persona, y a posteriori otros profesionales elaboraban el Plan Individual de Atención. Ahora, en menos tiempo, hay que hacer el doble de tarea. Es imposible hacerlo con la misma calidad” señalan desde los sindicatos. A esto se une el problema en la gestión de la agenda, ya que la Junta apuesta por externalizar el trabajo administrativo en empresas, dejando sin cubrir las plazas de personal administrativo, una apuesta que está naufragando y que pone un muro entre el trabajo del personal valorador y las gestiones que requieren. “Esto genera problemas en las rutas, no se tiene en cuenta la conveniencia logística de los desplazamientos ni la naturaleza de los casos a atender”. A todo esto hay que sumar los tiempos de desplazamiento a los domicilios, la búsqueda de aparcamiento, el papeleo y la redacción de los informes “in situ”, con lo cual se reduce de manera drástica el tiempo disponible para realizar sus exhaustivas tareas de valoración con la atención y dedicación necesarias, una situación tan poco deseable para los trabajadores y trabajadoras como para la ciudadanía atendida: “El personal vive en una situación de estrés y ansiedad continuada”.

En definitiva, debemos poner el punto de mira sobre las consecuencias negativas de las condiciones de trabajo impuestas al personal destinado a la valoración de la dependencia, que han de repercutir de manera inevitable tanto en la salud de las trabajadoras y trabajadores implicados, como en la calidad de los muy necesarios servicios que prestan a las personas dependientes, colectivo directamente afectado por la precariedad de dichas condiciones laborales.

“Por todo ello, los cinco sindicatos, instamos a la Junta de Andalucía y a los máximos responsables de la situación expuesta, a que cumplan sus promesas y compromisos con las personas en situación de dependencia, y cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales poniendo a disposición de las Unidades de Valoración de la Dependencia los recursos materiales y humanos necesarios para proporcionar a su personal unas condiciones dignas y saludables de trabajo que les permita realizar sus tareas de forma eficiente y satisfactoria para la ciudadanía en situación de dependencia”, remachan las fuentes sindicales.