CSIF-A reclama que el crecimiento de los presupuestos para 2027 se traduzca en más personal y mejores servicios públicos

  • Prensa y Comunicación

16 de noviembre de 2026

  • El sindicato advierte de que el incremento de las cuentas no resuelve las carencias estructurales en sanidad, educación o justicia y exige cumplir los acuerdos firmados
  • Denuncia que, un año más, el Ejecutivo andaluz vuelve a olvidarse de la devolución de las pagas extra autonómicas de 2013 y 2014 a los empleados públicos andaluces

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, ha reclamado que el crecimiento de los Presupuestos de Andalucía para 2027 se traduzca en un refuerzo efectivo de los servicios públicos, con más profesionales, mejores condiciones laborales y recursos suficientes para atender a la ciudadanía.

Así lo ha expuesto el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria encargada de analizar el Proyecto de Ley de Presupuestos. “No basta con hablar de las cuentas más altas de la historia de nuestra comunidad. Lo verdaderamente importante es que ese incremento se note en la sanidad, la educación o la justicia, por mencionar algunos servicios, y en el día a día de sus profesionales. No se les puede exigir cada vez más responsabilidades sin proporcionarles los medios humanos, materiales y económicos necesarios”, ha señalado.

Del mismo modo, Girela ha mostrado la oposición de CSIF a la modificación de la Ley de Función Pública de Andalucía que introduce el proyecto presupuestario. En concreto, incorpora “la posibilidad de establecer límites a los conceptos retributivos de las pagas extraordinarias del personal funcionario no solo en la normativa básica estatal, sino también mediante la propia Ley de Presupuestos autonómica. Es una modificación innecesaria que genera inseguridad y puede abrir la puerta a nuevos recortes”. El sindicato ha querido dejar claro que, de mantenerse la disposición en cuestión, se reserva las acciones legales que puedan corresponder.

Girela también ha denunciado la ausencia de partidas para devolver la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2014 a las empleadas y empleados públicos andaluces. El dirigente sindical ha tildado de “injusticia” que unos recortes de hace más de una década sigan vigentes, “mientras el Gobierno andaluz no tuvo dudas en derogar la normativa necesaria para aumentar el sueldo de los altos cargos”.

En ese contexto, Girela se ha referido a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CSIF para reclamar esta restitución, admitida a trámite por la Mesa del Parlamento y actualmente en fase de recogida de firmas. “Andalucía es la única comunidad que ni siquiera ha iniciado la devolución de estas pagas, pese a que estaba contemplada en el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018”, ha incidido Girela.

Más plantilla para atender las necesidades de la ciudadanía

         En el ámbito sanitario, CSIF ha advertido de que determinadas partidas de personal de Atención Primaria disminuyen y de que sigue sin haber financiación suficiente para cumplir compromisos adquiridos con los profesionales.

         En este sentido, ha denunciado que “los 41,5 millones previstos para carrera profesional están muy lejos de los aproximadamente 268 necesarios, tal y como se trasladó en mesas de negociación”. También ha alertado de que no todas las plazas acordadas en el Pacto de Mejora de Atención Primaria cuentan con dotación, pues, de las 69 previstas para Psicología, solo aparecen financiadas 43, mientras que en Psiquiatría la cifra se reduce de 21 a 13.

CSIF ha reclamado, además, desarrollar los equipos de salud mental vinculados a Atención Primaria, aplicar el incentivo de 150 euros para puestos de difícil cobertura y reforzar las plantillas. El sindicato ha cuestionado igualmente que se mantengan 493 millones para conciertos sanitarios y ha defendido que estos recursos se destinen prioritariamente a fortalecer la sanidad pública y su capacidad de gestión directa.

En educación, CSIF ha exigido que el incremento presupuestario permita cumplir íntegramente el Acuerdo de 16 de julio de 2025, que contempla la incorporación de 6.528 cupos docentes en cuatro cursos, la reducción progresiva de ratios, el refuerzo de la atención a la diversidad y la disminución de la burocracia.

A estas demandas se suman la mejora de las retribuciones docentes, la homologación salarial, el refuerzo de la Formación Profesional y las inversiones pendientes en climatización e infraestructuras de los centros educativos.

La dependencia es otro de los ámbitos en los que el sindicato aprecia una desconexión entre el crecimiento presupuestario y el personal efectivo. “No podemos hablar de reforzar un servicio público esencial si, al mismo tiempo, no se cuenta con profesionales suficientes. La media de espera para acceder al sistema de atención a la dependencia es de 396 días, una cifra inasumible. Hay que reforzar plantillas para agilizar la respuesta a las personas que necesitan estos recursos”, ha señalado Girela.

Una realidad semejante ocurre en la Administración de Justicia, con un déficit estructural de personal agravado por la implantación de los Tribunales de Instancia. “La situación es especialmente preocupante en los juzgados de violencia sobre la mujer, que han asumido nuevas competencias sin los refuerzos necesarios”, ha explicado el responsable sindical. De igual modo, ha reclamado hacer efectivo el servicio de guardia en los Institutos de Medicina Legal de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, mejorar la cobertura de bajas y resolver las continuas incidencias en el sistema @driano.

En la Administración General, CSIF ha reclamado reforzar los recursos destinados a formación ante las nuevas necesidades derivadas de la implantación del concurso abierto y permanente, la evaluación del desempeño y la carrera horizontal.

Vivienda, igualdad y prevención, prioridades transversales

Durante su comparecencia, Girela ha puesto de relieve la necesidad de contar con una respuesta más ambiciosa ante el problema de acceso a la vivienda, “que también influye en el empleo público, pues no podemos exigir a un profesional que ocupe una plaza en un determinado destino si su salario no le permite vivir allí”.

CSIF también ha señalado el “crecimiento moderado” del presupuesto para hacer frente violencia de género, una realidad que necesita, entre otras medidas, de financiación estable y suficiente para reforzar la atención y protección a las víctimas.

Por último, el sindicato ha insistido en que la prevención de riesgos laborales debe ser una prioridad para las administraciones públicas, con más recursos humanos especializados, un mayor número de visitas y actuaciones de oficio y una tramitación más ágil de los procedimientos.

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