CSIF Educación Andalucía valora la necesidad de ofrecer una continuidad educativa y formativa al alumnado con necesidades educativas especiales que, tras agotar su permanencia en aulas específicas o en el Programa para la Transición a la Vida Adulta y Laboral, necesita seguir desarrollando su autonomía y sus posibilidades de inserción sociolaboral.

Sin embargo, el Programa Avanza+21 nace con importantes carencias. La inclusión no puede limitarse al anuncio de una nueva medida: debe acompañarse de recursos suficientes, ampliación de plantillas, planificación y negociación con las organizaciones sindicales.

CSIF considera especialmente grave que una resolución de esta importancia haya llegado a la Mesa Sectorial después de más de un año de trabajo de la Administración sin haber pasado previamente por una mesa técnica.

El programa se dirige al alumnado con NEE de entre 21 y 23 años y combina planes educativos no formales con ofertas parciales de Formación Profesional de Grado B. Aunque CSIF comparte la necesidad de cubrir el vacío existente tras finalizar la escolarización, cuestiona que no conduzca a un título oficial, sino únicamente, en su caso, a certificados de competencia.

También preocupa que se excluya la formación en empresa. Si el objetivo es favorecer la inserción laboral, deben contemplarse prácticas adaptadas cuando sean viables, con los apoyos, convenios y recursos necesarios.

Además, la resolución hace recaer gran parte de la implantación sobre los recursos ya existentes en los centros. Avanza+21 requiere profesorado adicional de Pedagogía Terapéutica y Formación Profesional, personal de orientación y apoyo, formación específica, materiales adaptados y adecuación de espacios. La coordinación docente, las programaciones, el seguimiento, la tutoría y la documentación deben contar igualmente con reconocimiento horario.

La limitada oferta inicial puede dejar fuera a parte del alumnado. La Consejería debe garantizar la igualdad de acceso, resolver los problemas de transporte y desplazamiento y corregir las contradicciones entre la edad de incorporación, los dos años de duración y el límite de permanencia hasta los 23 años.

CSIF también exige transparencia sobre el futuro de la FP Básica específica y reclama conocer qué enseñanzas se mantienen, qué grupos y centros pueden verse afectados, qué ocurrirá con las plantillas y qué criterios se han utilizado para seleccionar los centros y las familias profesionales.