CSIF Enseñanza Andalucía denuncia la tardía publicación de la Orden sobre la oferta modular diferenciada y la inseguridad generada en los centros
El sindicato CSIF Enseñanza Andalucía manifiesta su descontento ante la publicación, con fecha de viernes 13 de febrero, de la Orden que regula la oferta modular diferenciada de los ciclos formativos del sistema de Formación Profesional en la comunidad andaluza, cuyo análisis en Mesa Técnica finalizó el pasado 4 de septiembre. Desde CSIF consideramos injustificable el retraso de más de cinco meses en la publicación de una norma que afecta de forma directa a la organización de los centros, a la planificación de las plantillas y a las condiciones laborales del profesorado. Este retraso ha obligado a los centros que imparten esta modalidad a trabajar durante meses sin soporte normativo y sin la necesaria seguridad jurídica.
No obstante, el sindicato valora positivamente que se hayan tenido en cuenta algunas aportaciones de CSIF vinculadas al curso 2025-2026, dirigidas a dar solución a problemas que se estaban generando en los centros y que habían sido reivindicados por esta organización sindical.
Por otro lado, CSIF también destaca la inclusión de una fórmula para el cálculo del horario del profesorado y la definición del concepto de “alumno activo”, directamente relacionada con dicho cálculo. Este aspecto resulta especialmente relevante para la determinación de las plantillas y la carga de trabajo docente, por lo que ha sido una reivindicación constante de este sindicato durante todo el proceso de negociación. No obstante, la norma recoge estos aspectos de forma mínima respecto a lo solicitado por CSIF, cuya propuesta apostaba por mayores garantías para el profesorado.
A pesar de estos avances, desde CSIF exigimos a la Administración educativa que la regulación del trabajo de los profesionales de la oferta modular diferenciada esté verdaderamente adaptada a sus particularidades y no continúe generando las dificultades actuales. En estos momentos, ni la plataforma Séneca está preparada para las peculiaridades de esta modalidad, ni las herramientas disponibles responden a las necesidades reales de las enseñanzas duales, lo que está provocando un incremento de la presión y de la carga burocrática para el profesorado.
Además, el profesorado se encuentra en una situación de inseguridad y desamparo ante el silencio administrativo y la falta de criterios claros. Como ejemplo de esta situación, CSIF denuncia que la semana pasada se remitieron unas instrucciones de la Dirección General sobre las exenciones del alumnado, que fueron comunicadas y aplicadas en los centros. Sin embargo, esta misma semana se han recibido nuevas instrucciones en sentido contrario, lo que está suponiendo un aumento considerable del trabajo para el profesorado, ya que actuaciones que anteriormente no podían realizarse ahora sí deben tramitarse.
Este cambio de criterio obliga a revisar y resolver expedientes ya cerrados, además de modificar o incluso anular convenios duales, con toda la carga burocrática que ello conlleva. Para CSIF, esta situación es un ejemplo claro de la falta de planificación y de directrices estables, que termina repercutiendo directamente en el profesorado y en el funcionamiento de los centros.
Desde el sindicato insistimos en que las directrices deben estar claras desde el principio y no ir a la deriva, evitando así sobrecargas innecesarias y situaciones de inseguridad jurídica y organizativa.
Por otro lado, CSIF recuerda que esta Orden regula también la impartición de enseñanzas por parte de entidades privadas, un aspecto de especial relevancia para el modelo de Formación Profesional. En este sentido, el sindicato anuncia que estará vigilante del cumplimiento riguroso de la normativa, especialmente en lo relativo a las autorizaciones de centros privados, reafirmando su apuesta por el fortalecimiento y la protección de la Formación Profesional dentro del sistema público.
CSIF Enseñanza Andalucía continuará defendiendo unas condiciones laborales dignas para el profesorado y una FP pública de calidad, planificada, dotada de recursos suficientes y sustentada en una normativa clara, coherente y publicada en tiempo y forma.