CSIF exige la retirada del borrador de decreto sobre zonas de transformación social (ZTS) por poner en riesgo la educación compensatoria

Hemos remitido una carta a la Consejería de Desarrollo Educativo para expresar su rechazo ante el borrador del nuevo Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS). Su aprobación supondría un grave perjuicio para el actual modelo de educación compensatoria, al poner en riesgo la estabilidad del profesorado y la atención educativa.

• Desde CSIF hemos denunciado que dicho decreto constituye un ataque encubierto a los recursos que actualmente están consolidados en los centros de compensatoria
   
• En concreto, peligran medio millar de docentes de los puestos del cuerpo 597 (apoyo a la compensación educativa) y del cuerpo 590 (apoyo a las áreas científica, tecnológica, lingüística y de ciencias sociales) de más de 400 centros públicos andaluces, cuya continuidad más allá del próximo curso no está garantizada, lo que generaría  supresiones y desplazamiento del profesorado que actualmente forman parte de la plantilla de estos centros.
   
• Alertamos que la dependencia de fondos europeos para financiar la educación compensatoria supone un grave riesgo para la inclusión educativa del alumnado más vulnerable, al sustituir los recursos personales y materiales financiados hasta ahora con presupuesto propio de la Junta por fondos europeos temporales, con vigencia hasta 2027.
   
• También hemos advertido que el borrador compromete seriamente  transparencia, igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección de cargos directivos en los centros  ZTS, poniendo en riesgo el legítimo derecho del profesorado a la movilidad, ejercido a través del concursillo y del concurso general de traslados, pudiéndose detraer más de 3.000 vacantes anualmente de estos procesos, según nuestras estimaciones

Desde CSIF Educación Andalucía, como primera fuerza sindical de la enseñanza pública, exigimos la retirada inmediata del borrador del Decreto de Zonas de Transformación Social, y adoptaremos  las medidas legales y sindicales necesarias para que no se ponga en riesgo la atención educativa ni las condiciones laborales de su profesorado.