CSIF EXIGE EL DESALOJO URGENTE DE LA SEDE JUDICIAL DE LA AVENIDA VIRGEN DEL CARMEN DE ALGECIRAS ANTE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS OBRAS DE LA NUEVA CIUDAD DE LA JUSTICIA

CSIF denuncia que alrededor de 50 funcionarios continúan trabajando en un edificio parcialmente demolido, mientras se desarrollan trabajos de excavación, cimentación y utilización de maquinaria pesada. Exigimos el traslado urgente del personal a unas instalaciones seguras.

Desde CSIF hemos presentado un escrito formal ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para denunciar la situación que están soportando los trabajadores destinados en la sede judicial de la Avenida Virgen del Carmen de Algeciras, donde se encuentran la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, la Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal y los Juzgados de lo Social números 1 y 2.

En estas dependencias continúan prestando servicio presencial alrededor de 50 funcionarios, además de los numerosos profesionales y ciudadanos que acuden diariamente a las instalaciones, mientras se ejecutan las obras de construcción de la nueva Ciudad de la Justicia.

La ejecución de las obras de demolición parcial del complejo, junto con los trabajos de excavación, cimentación y utilización de maquinaria pesada, está provocando una situación que consideramos incompatible con unas condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral.

Entre los problemas que estamos denunciando destacan:

• Vibraciones continuadas: se perciben movimientos y vibraciones de considerable intensidad tanto en las paredes como en los suelos de las dependencias que continúan ocupadas.

• Ruidos de elevada intensidad: los trabajos de demolición y la maquinaria pesada generan molestias constantes que afectan al normal desarrollo de la actividad judicial.

• Polvo y partículas en suspensión: la ejecución de las obras está afectando a la calidad del aire en las instalaciones donde permanecen los trabajadores.

• Dudas sobre la seguridad estructural: la proximidad de los trabajos de demolición, excavación y cimentación obliga a comprobar las posibles afecciones sobre la parte del edificio que continúa en funcionamiento.

• Cerramiento provisional: tras la demolición parcial se ha instalado una separación mediante paneles de pladur, cuya estabilidad, resistencia y sujeción deben ser comprobadas especialmente ante episodios de fuertes vientos y lluvias.

No estamos hablando simplemente de las molestias propias de unas obras. Estamos ante una situación que exige una evaluación técnica específica y urgente para garantizar que el edificio reúne las condiciones necesarias para seguir acogiendo actividad judicial.

CSIF lleva advirtiendo de esta situación desde antes del inicio de las obras

Esta problemática no es nueva ni desconocida para la Administración.

Desde CSIF hemos trasladado y denunciado reiteradamente nuestra preocupación y hemos solicitado la búsqueda de una ubicación alternativa para los órganos judiciales afectados, tanto en las Mesas Sectoriales como en el Comité de Seguridad y Salud y ante los responsables de Infraestructuras.

Pese a estas advertencias, las obras comenzaron y continúan desarrollándose mientras los funcionarios siguen desempeñando su trabajo en las dependencias afectadas.

Las respuestas recibidas hasta ahora, en las que se nos ha trasladado que existían garantías y medidas de seguridad suficientes, no evitan que las circunstancias que se están produciendo diariamente hagan necesaria una comprobación técnica exhaustiva e independiente.

La Administración tiene la obligación de garantizar una protección eficaz de la seguridad y salud de sus empleados públicos, conforme a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Especialmente relevante resulta su artículo 16, que obliga a actualizar la evaluación de riesgos cuando cambian las condiciones de trabajo, así como su artículo 21, relativo a las situaciones de riesgo grave e inminente.

CSIF EXIGE a la Consejería de Justicia

Ante esta situación, hemos solicitado formalmente la adopción urgente de las siguientes medidas:

1. Desalojo urgente de la sede judicial.

Exigimos el cese de la actividad presencial y el desalojo del inmueble mientras persistan las circunstancias denunciadas y no se acredite técnicamente que existen condiciones suficientes de seguridad para trabajadores y usuarios.

2. Una inspección técnica y preventiva inmediata.

Solicitamos que personal técnico competente examine la estabilidad estructural del edificio, las vibraciones, los posibles desprendimientos, la calidad del aire, los niveles de ruido, el cerramiento provisional y las condiciones de evacuación.

También exigimos que se facilite a los representantes de los trabajadores la evaluación de riesgos actualizada y los informes técnicos existentes.

3. Unas instalaciones alternativas para los órganos judiciales afectados.

Volvemos a exigir que se busque y habilite urgentemente un inmueble alternativo, mediante alquiler temporal o cualquier otra fórmula viable, que reúna las condiciones necesarias para albergar la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, la Clínica Forense y los Juzgados de lo Social números 1 y 2.

4. Teletrabajo provisional mientras se materializa el traslado.

Solicitamos que, hasta que se disponga de una ubicación alternativa, se adopten las medidas organizativas necesarias para evitar la exposición presencial de los funcionarios, autorizando el teletrabajo cuando las funciones y los medios técnicos lo permitan.

5. Convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud.

Exigimos una reunión extraordinaria para analizar la situación, conocer los informes y evaluaciones existentes y acordar las medidas preventivas necesarias, sin que esta convocatoria retrase la adopción de las actuaciones urgentes.

CSIF acudirá a la Inspección de Trabajo si no se adoptan medidas

Desde CSIF consideramos que la seguridad y la salud de los funcionarios y de los ciudadanos que acuden diariamente a estas instalaciones deben estar por encima de cualquier consideración organizativa o económica.

Además, mantener la actividad judicial en estas condiciones también dificulta el desarrollo normal de las obras, por lo que el traslado de los órganos afectados permitiría ejecutar los trabajos con mayores garantías y sin las limitaciones que supone la coexistencia de ambas actividades.

Ante la persistencia de esta situación, hemos anunciado que pondremos los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, solicitando su intervención urgente para comprobar las condiciones en las que se están ejecutando las obras y se mantiene la actividad en el inmueble.

CSIF no va a dejar de reclamar una solución. No podemos aceptar que nuestros compañeros tengan que desarrollar su trabajo con esta incertidumbre y con dudas sobre las condiciones de seguridad de su centro de trabajo.

LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS NO SON NEGOCIABLES.