CSIF recurre ante el TSJA la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia en Andalucía por falta de garantías técnicas, organizativas y de infraestructuras

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) hemos interpuesto recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia en la CCAA de Andalucía, al concurrir, en la fecha prevista conforme a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 1/2025, circunstancias excepcionales que hacían imprescindible la prórroga de su implantación por no existir las garantías mínimas para un funcionamiento adecuado de las oficinas judiciales.

La implantación progresiva desde el mes de julio —Fase I y octubre Fase II, esta última caracterizada por una grave diseminación de sedes— y su desarrollo hasta la Fase III a comienzos del presente año 2026, se ha llevado a cabo sin planificación real, sin transparencia y sin medios suficientes, generando una complejidad organizativa extrema que ya está afectando de forma directa al personal, a los profesionales y a la ciudadanía.

CSIF denuncia los siguientes hechos:

1. Reubicaciones forzosas de puestos de trabajo en distintas sedes tras la implantación de los Tribunales de Instancia, sin medios materiales ni estructurales adecuados. A día de hoy, sedes incluidas en las Fases I y II carecen incluso de impresoras y equipos informáticos básicos, evidenciando una absoluta falta de previsión. La migración de datos y la redistribución de puestos se ha realizado de forma caótica, provocando interrupciones constantes del servicio.
2. Existen carencias estructurales graves en algunos partidos judiciales: sedes sin espacios adecuados, falta de mobiliario, en relación a salas de vistas e instalaciones de los Servicios de Guardia, Menores y Violencia, incumpliendo el propio diseño del nuevo modelo organizativo y obligando a trabajar en condiciones impropias de una Administración moderna.
3. Estas deficiencias están provocando, como ya ocurre en las Fases I y II, una precarización intolerable de las condiciones de trabajo, incluso con en algunos casos con incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, al estar realizándose obras de reforma y adecuación con el propio personal dentro de los edificios judiciales.
4. La Ley exigía una implantación progresiva, ordenada y garantista, no una actuación precipitada e improvisada que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del servicio público y los derechos tanto de los trabajadores como de la ciudadanía.
5. Persisten incidencias muy graves en los sistemas informáticos. A día de hoy, los Registros Civiles y las Oficinas de Justicia de Municipio no disponen de los programas necesarios, pese a su supuesta compatibilidad con la Oficina Judicial, lo que paraliza procedimientos esenciales.
6. El programa de gestión @Adriano, aparte de no permitir aún la migración y el acceso a las carpetas de los distintos procedimientos conforme a la nueva estructura de la Oficina Judicial, continúa presentando deficiencias funcionales estructurales, que comprometen seriamente la calidad del servicio público de Justicia. El sistema @Adriano se está convirtiendo en un obstáculo recurrente para el trabajo en los órganos judiciales. Estas incidencias habituales, impiden la tramitación de procedimientos, obligan a duplicar tareas y generan una sobrecarga de trabajo insostenible para el personal funcionario de los cuerpos generales

En definitiva, nos encontramos ante una insuficiencia generalizada y estructural de infraestructuras y medios técnicos, en un contexto en el que desde la Consejería se traslada públicamente una imagen de implantación “en plazo”, de consolidación de la Justicia Digital y de ampliación de plantillas que no se corresponde en absoluto con la realidad que viven cada día los funcionarios de los Cuerpos Generales, los profesionales del sector y la ciudadanía.

No es admisible seguir proyectando una falsa normalidad mientras los trabajadores soportan precariedad material, desorganización y sobrecarga laboral, circunstancias que deteriorarán la calidad del servicio público de Justicia y ponen en cuestión el propio modelo de Oficina Judicial que se pretende implantar.