CSIF reitera a la Junta la necesidad de solicitar una prórroga de seis meses para la implantación de la oficina judicial de los Tribunales de Instancia en Andalucía

• El sindicato considera que el nuevo modelo no se puede implantar con la actual falta de definición y negociación de puestos de trabajo, ni con carencias de medios tecnológicos e infraestructuras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha reiterado a la Consejería de Justicia la necesidad de que solicite una prórroga de seis meses para la implantación de la oficina judicial de los Tribunales de Instancia en la comunidad “ante los graves perjuicios que pueden ocasionar a personal funcionario y ciudadanía la actual falta de definición y negociación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), la insuficiencia de medios tecnológicos y las carencias en infraestructuras.

La organización sindical, que ya hizo dicha propuesta el pasado mes de octubre, ha instado a la Administración andaluza a que formule la petición en la Conferencia Sectorial de Justicia que tiene lugar este lunes con el objetivo de evitar disfunciones y asegurar la continuidad, seguridad jurídica y calidad del servicio público.

El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha explicado que la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor a principios de 2025, prevé la posibilidad de fijar una fecha diferente para la implantación de las oficinas judiciales cuando concurran circunstancias excepcionales relativas a las infraestructuras o los medios tecnológicos que lo justifiquen; asimismo, el responsable sindical ha señalado que la implantación de la oficina judicial será simultánea a la constitución de los Tribunales de Instancia, condicionándola a la aprobación previa de las RPT con negociación sindical obligatoria.

“Se da la circunstancia de que en Andalucía este diálogo no se ha producido en la fase III ya que las organizaciones sindicales no constituimos la correspondiente mesa sectorial de negociación debido a la ausencia, en esas fechas, de una propuesta económica de productividad con carácter previo que reconociera el esfuerzo del personal funcionario de Andalucía, algo que sí se había hecho en el resto de comunidades”, ha señalado Díaz. El responsable sindical ha subrayado que “dichas RPT han sido aprobadas unilateralmente por la Consejería sin apoyo de los sindicatos y en la actualidad se está procediendo a publicar las resoluciones de acoplamientos, que contienen errores, muchos de ellos materiales, dada la gran cantidad de profesionales a acoplar en esta fase y, sobre todo, por la falta de personal técnico de la Consejería, que han tenido que hacer un trabajo ingente incluso fuera de su horario, mañana y tarde, por no contar con los recursos humanos adecuados para un proceso de tal magnitud”.

A la falta de negociación se suma que la transformación en el nuevo modelo judicial estructural exige interoperabilidad, digitalización integral y medios técnicos adecuados; sin embargo, CSIF ha denunciado que “persisten incidencias graves en los diferentes sistemas informáticos, como es el caso de los Registros Civiles y las Oficinas de Justicia de Municipio, que no tienen instalados los programas informáticos necesarios pese a tener compatibilidad con la oficina judicial. CSIF también se ha referido al programa de gestión @driano, que sigue presentando deficiencias.

CSIF también ha señalado que, tanto en la Fase I y II, y ahora pasará en la III, el personal ha sido acoplado sin que se hayan publicados los protocolos de actuación ni los manuales de puesto; es decir, el personal obtiene nuevos destinos sin que sepan cómo se va a trabajar ni qué conlleva dicho puesto, especialmente las jefaturas, así como tampoco cómo se va a seguir trabajando con los expedientes vivos actualmente.

En cuanto a infraestructuras, CSIF ha denunciado que, al igual que ha ocurrido en la mayoría de partidos judiciales de la Fase I y la Fase II, aún no se han completado las necesarias adecuaciones de espacios, salas de vistas e instalaciones de los servicios de Guardia, Menores y Violencia. Esta circunstancia se traduce en una constante precariedad del personal funcionario para el desarrollo de su trabajo y en una infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. “La ley exige ordenación progresiva y garantista, no precipitación e improvisación organizativa, que es sinónimo de riesgo para profesionales, ciudadanía y operadores jurídicos”, ha explicado Díaz.

Por último, CSIF ha reivindicado que “la justicia es un servicio público esencial que precisa que se le dote de medios personales, materiales y organizativos adecuados y suficientes, y los tres ámbitos son igualmente necesarios. No se puede implantar un nuevo modelo a coste cero de incremento de efectivos ni sin los medios materiales adecuados, por lo que una prórroga es más que necesaria”.