Lamentablemente el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que pasa a tramitación en el Senado para su aprobación definitiva.

Las Leyes no se negocian sindicalmente, sino que se aprueban por la clase política como ha sido el caso. La negociación con el Ministerio de Justicia que termino con acuerdo de CSIF y otras dos Centrales Sindicales consiguió lo único que se podía hacer sindicalmente y es que se propusieran enmiendas a la ley, para garantizar:

•  La carrera profesional, con el compromiso de publicar el Real Decreto en el primer semestre del 2025.

• Las retribuciones que se perciban al momento del acoplamiento, así como la frecuencia y abono de las guardias. 

•  La movilidad preferentemente de forma voluntaria en los procesos de acoplamiento.
• Reserva del 50% de las plazas para la promoción interna
• Reserva del puesto de trabajo para Gestores en Sustituciones de Letrado Admón. Justicia
• Regulación del Teletrabajo.
• Negociación de las RPTs de las oficinas de Registro Civil, y los aspectos del Reglamento del Registro Civil que afecten a condiciones de trabajo del personal.
• Revisión del grupo IV (actuales Juzgados de Paz) con objeto de eliminar las diferencias retributivas con el resto de grupos.
• Obligación de negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) de las nuevas oficinas
• Se garantiza que en las RPTs los puestos de trabajo se identificarán por centros de destino al que pertenezcan, y dentro de estos las áreas que se puedan constituir y los equipos que se puedan determinar.
• Se garantiza además que habrá obligatoriamente al menos un área si la sección correspondiente del tribunal tiene 12 o más jueces, pero cabe la posibilidad de que puedan existir más áreas con menos jueces.
• Se podrá optar a diferentes puestos de trabajo dentro de los centros de destino, a través de los concursos de traslado o cualquier otro mecanismo de provisión.