Los trabajadores del Centro Penitenciario El Acebuche se concentran en la prisión tras la brutal agresión a una funcionaria de Sevilla II

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha convocado una concentración esta mañana a las puertas del Centro Penitenciario El Acebuche tras la brutal agresión física y sexual a una psicóloga en la prisión de Sevilla II. Además, en la capital andaluza, frente a la sede de la Delegación del Gobierno, también se ha llevado a cabo un acto en apoyo a la trabajadora agredida y se ha traslado al delegado del Gobierno, por parte de las organizaciones sindicales convocantes, las correspondientes reivindicaciones ante la situación que se viene sufriendo por el colectivo de trabajadores penitenciarios.

Este acto se enmarca en una protesta que se llevará a cabo en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras los graves hechos ocurridos el pasado 8 de julio en el Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón), cuando una psicóloga del centro fue agredida física y sexualmente durante una entrevista individual por un interno, con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales que permanecía, inexplicablemente, en un módulo de ‘respeto’.

El sindicato ha señalado que no se trata de un incidente aislado pues en los últimos años se han multiplicado las agresiones sexuales y físicas a trabajadoras y trabajadores penitenciarios, por lo que urge tomar medidas. En los centros penitenciarios españoles se producen una media de una agresión cada 16 horas, más de 1.000 en los últimos dos años. 

Ante esta escalada de conflictividad CSIF exige una respuesta eficaz e inmediata por parte de la administración, la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de las empleadas y empleados públicos penitenciarios.

Estos hechos reflejan un deterioro estructural del sistema penitenciario derivado de una clasificación interior ‘buenista’, que busca más el maquillaje estadístico que atender a una realidad penitenciaria en un contexto de aumento de población reclusa. “Tolerarlo es normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro” explican.