CSIF exige mejoras en los Presupuestos Generales el Estado para el personal de Justicia

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16 de noviembre de 2020

- Ya en el mes de febrero CSIF solicitó por escrito al Ministro de Justicia que se procediera a la habilitación de gasto necesario para hacer frente a reivindicaciones históricas de todos los Cuerpos de la Administración de Justicia.

- Los presupuestos deben dar cobertura a la negociación del complemento específico del ámbito Ministerio, la carrera profesional o la revisión de las guardias y el complemento de violencia sobre la mujer entre otras reivindicaciones de los funcionarios/as de Justicia.

- El anteproyecto de Ley de los PGE de 2021, en aquellas materias que afectan a las condiciones laborales y retributivas de los EEPP (Art. 37 TREBEP), no ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.

El anteproyecto de Ley de los PGE de 2021, en aquellas materias que afectan a las condiciones laborales y retributivas de los EEPP (Art. 37 TREBEP), no ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.

 

  1. En materia retributiva, el anteproyecto de Ley, se establece un incremento en las retribuciones del 0.9% de los EEPP equivalente a la previsión de subida del IPC para 2021. Para CSIF este incremento es insuficiente ya que se ha perdido una gran oportunidad, por un lado, para reconocer el comportamiento ejemplar de las empleadas y empleados públicos garantizando el normal funcionamiento de los servicios públicos a pesar de las difíciles circunstancias vividas, y por otro para seguir en la senda de la recuperación del poder adquisitivo de los EEPP. A lo largo de estos últimos diez años dicha pérdida se cuantifica entre un 12,9% y un 17,9%, en función del Grupo al que se pertenezca.

 

  1. En materia de empleo público, se establece el 110% de la tasa de reposición para los sectores prioritarios como la Administración de Justicia; el 115% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Policía Local y el 100% de la tasa de reposición para el resto.

 

Para CSIF la OEP es insuficiente y se ha perdido la ocasión de haber negociado con las OOSS el plan estratégico de recursos humanos para el conjunto de las AAPP con el objetivo de acabar con la precariedad laboral y dotar a los servicios públicos de los recursos humanos necesarios para prestar un servicio de calidad y corregir el envejecimiento de las plantillas, eliminando la tasa de reposición. En un estudio realizado por CSIF y dado a conocer hace unas semanas, se estiman necesarios 19.922 nuevos puestos de trabajo en la Administración de Justicia derivados del déficit estructural de personal que venimos arrastrando desde hace años y el incremento de asuntos en los Tribunales.

Mejorar las condiciones de trabajo también es Justicia 2030, CSIF recuerda al Ministerio que hay muchas cuestiones que afectan al día a día del personal de Justicia que deben abordarse también en la ley de presupuestos junto con los grandes proyectos.

 

  • La homologación salarial, eliminando la discriminación grave e injusta del complemento específico del ámbito Ministerio debe empezar a resolverse abriendo la mesa de negociación y disponiendo partidas presupuestarias suficientes para afrontar esta obligación moral con todos los funcionarios de Justicia de su ámbito de competencia. CSIF vuelve a recordar al Ministerio de Justicia que faltan por repartir los fondos adicionales de los años 2018, 19 y 20 que corresponden, exclusivamente, al ámbito del Ministerio de Justicia y que se fueron una propuesta en solitario de CSIF en el Acuerdo de retribuciones de la Mesa General de Función Pública de marzo de 2017. Para CSIF esas cantidades deberían ir destinadas al incremento del complemento específico del ámbito Ministerio y deberían sumarse al esfuerzo presupuestario que estamos exigiendo al Ministerio para atajar esta justa reivindicación de un personal que cobra hasta 600 euros al mes menos por el mismo trabajo.

 

  • Pero, además, está pendiente el desarrollo de la carrera profesional previa aprobación del Real Decreto básico que establece la LOPJ.

 

  • La orden de guardias no se modifica desde el año 2003 y está claramente desfasada tanto en su régimen de prestación como en sus retribuciones.

 

  • Los conocimientos específicos y la dedicación especial del personal de Justicia en los juzgados de violencia sobre la mujer deben retribuirse con un complemento retributivo estable que recupere el complemento establecido en el año 2007 y eliminado en 2010.

 

  • Por otro lado, en materia de pensiones de clases pasivas, CSIF vuelve a recordar que es necesario revalorizar los haberes reguladores en la Administración de Justicia (que son la base sobre la que se calcula la pensión y que no tienen nada que ver con lo que se cobra cada mes) para que no haya tanta diferencia entre la primera pensión y el último sueldo.  En este sentido, CSIF recuerda que las pensiones de clases pasivas son notablemente inferiores a las que se perciben en la Seguridad Social.

 

  • En relación con la jubilación, CSIF propone, además, eliminar el copago farmacéutico para los jubilados de MUGEJU (en general de todas las mutualidades) que deben abonar el 30% del importe del medicamento, equiparando, así, su situación a la de los jubilados del régimen general.

 

  • Además, como viene reiterando CSIF, debe procederse a la progresiva eliminación de los grupos de población que se retribuyen en el complemento general del puesto cuya clasificación y cuantía se establece por normativa básica para todos los ámbitos territoriales al tratarse de un complemento cuya fijación corresponde al Estado.

 

Está claro que, todas estas cuestiones deben ser objeto de negociación en la mesa del Ministerio de Justicia cuya convocatoria, CSIF ya ha solicitado formalmente. Pero, la negociación debe estar respaldada por unas previsiones presupuestarias que permitan que estos complementos se hagan realidad.

 

Todos esos puntos están recogidos en la propuesta de acuerdo que CSIF trasladó al Ministro de Justicia a principios del mes de marzo.  El Ministerio debe desbloquear la negociación en la Administración de Justicia de forma inmediata y, por otro lado, debe moverse para que se habilite el gasto suficiente que dé margen a esa negociación. 

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