La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, defenderá la negociación y creación de un convenio colectivo para el personal laboral de España en el Exterior, pendiente de desarrollo desde hace más de 15 años.

Esta propuesta –que abarcaría a los más de 5.000 trabajadores de embajadas, consulados, consejerías y oficinas de la Administración General del Estado en el Exterior— será debatida en el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior los próximos 6 y 7 de noviembre en la localidad de Colombres (Asturias).

Este convenio deberá incluir normas generales y otras normas y criterios específicos por país de destino y residencia en materia de organización del trabajo y estructura salarial, con un sistema de actualización de retribuciones en relación a la inflación local y las variaciones de tipo de cambio para proteger el poder adquisitivo de las personas que trabajan en el extranjero.

El convenio también contendría un sistema de clasificación profesional mejoras en materia de jornada y horarios, vacaciones, formación profesional, salud laboral, Igualdad o derechos en materia de representación colectiva.

Aumento del personal funcionario y laboral en los Consulados Generales

La representación de CSIF en el Consejo también defenderá una propuesta para incrementar el personal funcionario y laboral en los Consulados Generales con un marcado aumento de la ciudadanía española residente. La reciente Ley de Memoria Democrática supone un nuevo reto a esta situación con las posibilidades que abre para el reconocimiento a la ciudadanía junto a los servicios asociados a esto, como inscripciones de nacimientos, pasaportes, certificados, actos notariales.

Entre los países más afectados por la falta de personal se encuentran: Argentina, Cuba, México, Venezuela, Uruguay, Chile, Suiza, Reino Unido, Andorra, Alemania, Francia, Brasil, Ecuador, Países Bajos, Estados Unidos, Colombia, Panamá e Irlanda.

CSIF, asimismo, reclamará la inclusión en la Seguridad Social Española de los trabajadores en el Exterior que adquieran la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Democrática, así como, de manera específica, del personal laboral de la Misión Diplomática de España en el Reino Unido que perdieron esta posibilidad tras el Brexit.