La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas denuncia la situación de interinidad e incertidumbre sobre el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que, seis meses tras su entrada en vigor, sigue sin contar con la financiación necesaria.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) al que Subirats encargó un informe sobre financiación en las universidades, calcula que para alcanzar el 1% del PIB hay que incrementar la inversión anual un 15%, es decir, 3.100 millones de euros de aquí a 2030.

Y es que partimos de un escenario en el que las universidades han perdido un 20% de financiación en los últimos diez años y de manera global el gasto es un 32% más bajo que la media de la Unión Europea. Estas son algunas dudas que se plantean todas las universidades sobre las necesidades de financiación y el impacto que puede tener en las plantillas de Personal Docente e Investigador (PDI) y el personal técnico de gestión y administración de servicios (PTGAS):

• ¿De dónde va a salir la financiación estatal adicional?
• ¿Quién va a pagar el importante sobrecoste en las plantillas de profesorado?
• ¿De dónde va a salir la financiación adicional para pasar del 40% al 8% de temporalidad en PDI y PTGAS?
• ¿Qué recursos adicionales se van a poder dedicar a la promoción interna de Asociado a Ayudante Doctor que tienen una diferencia en torno a 1.350 euros?
• ¿Cómo se financiará la contratación de numerosos profesores ante la reducción de la dedicación docente de Asociados y Ayudantes Doctores?
• ¿Gobierno, CCAA y Universidades van a poder multiplicar los contratos predoctorales o las ayudas para doctorandos?
• ¿De dónde surgirán los fondos para pagar las indemnizaciones por despido?
• ¿Cómo y con qué recursos se pueden hacer cientos de concursos para Asociado indefinido?

Desde CSIF, seguiremos exigiendo al nuevo Gobierno y a las Comunidades Autónomas financiación suficiente para poder afrontar los retos de la LOSU.

ESTATUTO DEL PDI

Por otra parte, mañana, 12 de octubre se cumplen 6 meses desde que entrara en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y parece que se hace realidad su primer gran incumplimiento: el Estatuto del Personal Docente e Investigador. La Disposición final décima de la LOSU establece que “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario”.

Recordamos que el Estatuto del PDI, siempre retrasado y nunca aprobado (la última propuesta seria fue del ministro de Educación Ángel Gabilondo en el 2011), afectará a más de 110.00 profesores e investigadores de universidades públicas y debe configurarse como un marco normativo fundamental para establecer una carrera profesional clara y progresiva, que excluya la precariedad laboral y que promueva como fin último la calidad de la docencia, la investigación y la transferencia.

También debe regular temas como el régimen del PDI, sus funciones y dedicación, su modelo salarial, su movilidad, sus procesos de selección, etc.

CSIF exige mejorar el desfasado e injusto sistema retributivo del Personal Docente e Investigador del año 1989 en el que prima un sistema de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales de evaluación permanente

SIN NOTICIAS DE LOS SEXENIOS DE TRANSFERENCIA Y DOCENCIA

Otro grave incumplimiento por parte del Ministerio de Universidades es la no convocatoria del Sexenio de Transferencia del que solo hubo una prueba piloto en 2018 y que, por cierto, tuvo resultados muy desiguales entre hombres y mujeres. A pesar de los reiterados anuncios del Ministerio de Universidades y de la ANECA, llevamos 5 años esperando una nueva convocatoria con criterios objetivos, transparentes y bien definidos. Tampoco hay excusa para no haber creado el Sexenio de Docencia que Castells anunció a bombo y platillo.