El sector de la Administración Pública destruyó el pasado mes de septiembre 39.505 puestos de trabajo que, sumados a las 9.800 bajas registradas en el sector específico de Sanidad y Servicios Sociales, arroja una cifra de 49.303 empleos perdidos, según los datos de la Seguridad Social recabados por este sindicato.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una reunión urgente para evaluar esta situación dado que no tenemos constancia de que un mes de septiembre haya sido tan devastador para el empleo público.

De hecho, solo el empleo destruido el pasado mes supera en 10.000 el número de plazas que contempla toda la oferta de empleo público para 2023 en la Administración General del Estado, lo que da muestras de la gravedad de esta situación. Además, ya van dos meses consecutivos de destrucción de empleo ya que en agosto se perdieron otros 11.121 puestos de trabajo en las administraciones públicas.

Por todo ello, CSIF mantiene su preocupación por la sostenibilidad de las administraciones públicas a medio plazo y espera que se conforme un Gobierno que permita diseñar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público.

Plantillas envejecidas y tensionadas

La Administración General del Estado cuenta con una plantilla envejecida y tensionada en áreas y organismos fundamentales, lo que dificulta la prestación al ciudadano de unos servicios públicos de calidad. Las ofertas de empleo público de los últimos años, aunque han sido cuantiosas, deben complementarse con un plan de empleo a corto y medio plazo para garantizar la sostenibilidad del sistema

La Administración Pública Estatal ha perdido 64.400 trabajadores en 10 años, según el último registro del Boletín Estadístico de Personal (en julio de 2022 había 515.449 trabajadores/as, mientras que en julio de 2012 la plantilla era de 579.892).

Esta situación es muy preocupante y está afectando al funcionamiento de servicios clave cuyas plantillas se encuentran muy envejecidas y tensionadas por la carga de trabajo. Así quedó de manifiesto durante la pandemia, cuyos efectos aún lastran nuestras administraciones, como comprueban a diario nuestros ciudadanos y los trabajadores públicos.

En concreto, exigimos las siguientes medidas:

• Suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía mediante la planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público.

• Agilizar los procesos selectivos (pueden pasar más de tres años desde la convocatoria de plazas hasta que finalmente los aspirantes se incorporan a sus puestos).

• Potenciar la promoción interna como sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo.

• CSIF también está preocupado por la situación de la temporalidad. En la actualidad, según datos de la Encuesta de Población Activa, hay más de 1,1 millones de personas en situación de temporalidad en las administraciones públicas, lo que supone un 31 por ciento del total. Los procesos de estabilización están en marcha y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8 por ciento para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea.