La falta de financiación para desarrollar la LOSU marca el inicio del nuevo curso universitario

De manera escalonada, se ha iniciado el curso académico sin haberse concretado la financiación adicional para que las universidades puedan desarrollar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). De esta manera, sigue sin definirse cómo se alcanzará el compromiso del 1% del PIB y sin contemplarse la distribución de responsabilidades y el calendario de aportaciones de las diferentes administraciones.

CSIF recuerda la deficitaria financiación pública de las universidades españolas que se redujo en un 20% durante los últimos diez años. La LOSU no presentó Memoria Económica y el objetivo poco ambicioso del 1% del PIB en el 2030 (desde el 0’76% actual) no solo ha quedado como una mera declaración de intenciones, sino que está referido al conjunto del Estado, cuando la financiación de la educación superior depende en más de un 80% de las comunidades autónomas (12% restante de las tasas universitarias y 8% del Estado).

Además, el plan de incremento de gasto público al que se refiere el artículo 55.2 de la LOSU, lo debe establecer una comisión de composición no definida y que se tiene que crear en el plazo de 1 año por lo que resulta evidente que no puede dar respuesta inmediata a las necesidades de las universidades públicas.

Tampoco vale poner las excusas del Ministerio de Universidades, que reconoce ahora que el “problema” de la financiación de las universidades es “de una complejidad notable” y que según la LOSU el esfuerzo financiero se establecerá de acuerdo con las responsabilidades presupuestarias de cada ejercicio.

Esta situación se complica cuando, por ejemplo, las universidades públicas de Andalucía, Valencia o Murcia están pendientes de la aprobación de nuevos modelos de financiación o el establecimiento de Planes Plurianuales de Financiación para garantizar la suficiencia financiera y la existencia de fondos estratégicos para la mejora de los resultados docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento o de internacionalización.

El sindicato alerta de que la reducción de la financiación en los últimos años ha provocado la consiguiente descapitalización y precarización de su capital humano y que la incertidumbre en la financiación futura está paralizando proyectos de infraestructuras y contrataciones de personal.

Por otra parte, algunas universidades empiezan a poner en duda la aplicación de los programas de estabilización y promoción previstos en la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) que, según las disposiciones transitorias, deben articularse antes del 31 de diciembre del 2024.

Para CSIF, está situación sería inaceptable por lo que sigue exigiendo al nuevo Gobierno que transfiera a las comunidades el coste que supone la aplicación de la LOSU y asignaciones presupuestarias concretas para la renovación de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad, tanto del Personal Docente e Investigador como del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.

En este punto, cabe recordar que el 52% de las plantillas de PDI en las universidades públicas superan los 55 años de edad y que la falta de presupuesto y la tasa de reposición impide rejuvenecer la plantilla docente convocando, por ejemplo, más plazas de Profesor Ayudante Doctor, más contratos predoctorales o más becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) y de Formación de Personal Investigador (FPI).

Por otro lado, resulta evidente que el Gobierno no va a presentar al Congreso de los Diputados antes del 12 de octubre, plazo de seis meses que marca la LOSU, un proyecto de Ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador. Estatuto del PDI siempre retrasado y nunca aprobado que afectará a más de 110.00 profesores e investigadores universitarios y que debe configurarse como un marco normativo fundamental para regular temas como el régimen del PDI, sus funciones y dedicación, su modelo salarial, sus procesos de selección, etc.

Por último, la captación de alumnos entre una población cada vez más envejecida se presenta como un reto importante para numerosas universidades públicas en Asturias, La Rioja, Galicia o Castilla y León. La competencia de las universidades privadas (pasando de representar el 6% del sector en 1998 al 20% en 2020) y una tendencia demográfica decreciente del grupo poblacional de 18 a 25 años (reducido un 25% en los últimos 15 años) han reducido el número de los matriculados de grado en los últimos años.