Centenares de empleados de la Seguridad Social denuncian falta de efectivos y retrasos en la tramitación de prestaciones
-CSIF recuerda que 25.000 trabajadores/as atienden a 20 millones de afiliados y que dos tercios de la plantilla se jubilará en 10 años
-El ciudadano soporta retraso en citas, cierre de oficinas de atención y retraso en la tramitación de prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV)
18 de Noviembre de 2022

Centenares de empleadas/os de la Seguridad Social se han concentrado hoy en los Jardines de Nuevos Ministerios para denunciar la caótica situación que sufre este organismo, con falta de efectivos, retraso en la gestión de las prestaciones y el incumplimiento general de los acuerdos de personal. La concentración fue convocada por CSIF, CC.OO. y UGT.

La plantilla de la Seguridad Social está compuesta por 25.000 personas, pero tiene un déficit de 7.000 puestos de trabajo, lo que tiene como consecuencia que la ciudadanía esté recibiendo un servicio deficiente en sus gestiones básicas con este organismo, padeciendo el retraso en las citas, cierre de atención de oficinas, colas interminables y demoras en la concesión de prestaciones.

Estos 25.000 efectivos atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,4 millones de empresas, incontables incapacidades temporales, maternidades, paternidades, etc. Además, está previsto que en el plazo de cinco años se jubile el 28,5 por ciento de la plantilla, y en 10 años un 36,08 por ciento adicional, es decir, casi dos tercios de la plantilla actual, por lo que el organismo colapsará.

El Ministerio pretende suplir las necesidades con la próxima contratación de 1.615 interinos, un personal de quita y pon que no soluciona los problemas estructurales del organismo. Mientras tanto, la resolución de un macro concurso con 12.000 participantes para casi 8.000 plazas ahora está comprometida y sin fecha de resolución por publicar.

Fracaso en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Los 25.000 empleados y empleadas de la Seguridad Social también atienden aproximadamente a medio millón de hogares con Ingreso Mínimo Vital (IMV). Precisamente la sobrecarga de trabajo ha provocado que la tramitación del IMV haya colapsado y generado una inmensa bolsa de expedientes pendientes de tramitación, lo que ha obligado al Gobierno a improvisar un plan de emergencia que únicamente agrava el problema e incrementa el trabajo de una plantilla sobrepasada.

La realidad es que está prestación está gestionada -además del personal sobrepasado de la Seguridad Social-, por 1.050 interinos que fueron contratados de manera precipitada para dedicarse en exclusiva a tramitar el IMV y cuyos contratos terminarán como muy tarde en septiembre de 2023, lo que supondrá una nueva carga de trabajo que ya está sobrepasada y envejecida.

Ante esta situación, CSIF considera que el denominado Escudo Social del Gobierno está seriamente comprometido en uno de los peores momentos económicos de los últimos años, ante la escalada de precios, la crisis energética y la desaceleración.

En su momento, ya señalamos que los fondos europeos para la reconstrucción deben servir para apuntalar los cimientos de nuestras administraciones, garantizar la calidad de los servicios públicos y paliar las necesidades estructurales de las administraciones públicas.

En todo caso, consideramos urgente realizar un plan de recursos humanos para reforzar la Administración General del Estado y ámbitos clave de nuestro Estado de Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia).