Función Pública retoma la presencialidad en la Administración y restringe el trabajo telemático a los/as empleados públicos a un máximo de un día semanal
- Entrará en vigor el 1 de octubre y el 31 de diciembre finalizará la cita previa
- Solo se contempla como excepción al trabajo presencial a las personas con cáncer o inmunodeprimidas, por motivos de cuarentena, en casos de repunte o para el personal que presta servicios en el exterior, a propuesta de CSIF
- CSIF reclama un Real Decreto que recoja el Acuerdo sobre Teletrabajo en AGE, conforme al Acuerdo alcanzado con CSIF

El Gobierno ha decidido retomar el trabajo presencial de los empleados/as públicos en la Administración General del Estado ante la evolución de la epidemia y restringirá el trabajo en modalidad telemática como máximo a un día de la semana (un 20 por ciento de la jornada). Esta medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre y a final de año se prevé finalizar el sistema de cita previa.

Esta resolución sustituye a la anterior que permitía hasta 4 días en modalidad no presencial.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que esta resolución no reúne los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones la vuelta al trabajo presencial, por lo que no la ha suscrito.

CSIF propone un modelo de 40% en presencia física y 60% en trabajo telemático (3 días /semana) con un criterio similar al que se ha acordado para la etapa de normalidad, una vez finalizada la pandemia, pendiente de trasladar a la norma correspondiente.

La propuesta de CSIF es conforme con la Ley 2/21 que, en su artículo 7.1e, indica que deben adoptarse medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del teletrabajo. De esta manera se podría retornar a la presencia física con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos y permite desarrollar el trabajo telemático que ha sido muy positivo en la Administración General del Estado.

Solo se introduce como excepción, en el que la modalidad telemática puede llegar al cien por cien de la jornada, los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del covid y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias. En este caso, propuesto por CSIF se permite tener en consideración las características e incidencia de la pandemia en cada país.

La resolución también introduce otros aspectos: las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; se levanta la prohibición a los viajes, aunque se seguirá dando prioridad a la videoconferencia; los cursos priorizarán los medios telemáticos; y las pruebas selectivas continuarán su tramitación también incentivando los medios telemáticos. Por último, CSIF llama la atención de que mientras que la resolución obliga la presencialidad de las plantillas no garantiza este modelo en el diálogo social.

En opinión de CSIF la Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante todos estos meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública, la Seguridad Social y tantos otros que suponen la columna vertebral de nuestro Estado y elaborar sin dilación la norma que plasme el acuerdo de Teletrabajo en la AGE que será de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria.

Además, se da la circunstancia de que la vuelta a la presencialidad se va a realizar con unas plantillas bajo mínimos. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por ejemplo, rescindirá el contrato de otros 500 interinos a finales de este mes y a finales de año habrán salido las 1.500 personas que se contrataron de refuerzo por el covid.

La falta de personal también tensiona otros servicios de la Administración General del Estado, un ámbito que se encuentra bajo mínimos y que requiere un plan estratégico para garantizar su viabilidad, teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas y las miles de personas que se jubilarán en los próximos cinco años.