CSIF denuncia el deterioro de la Justicia en una concentración frente al Ministerio
- La pandemia pone en evidencia las carencias del sistema: La tasa de asuntos pendientes aumenta casi un 30% pese a que los asuntos descienden un 12% por el confinamiento
- Las bolsas de personal interino ya están agotadas y el Ministerio contrata refuerzos de las listas
- CSIF exige al ministro que abra la mesa de negociación para abordar las reformas pendientes
07 de Abril de 2021
Más de doscientos funcionarios/as, respetando todas las medidas de seguridad impuestas por el Covid19, participan hoy en la concentración de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, para reclamar un refuerzo en las plantillas y medios tecnológicos ante la saturación actual de los juzgados.
En la concentración, celebrada frente al Ministerio de Justicia bajo el lema “Por una Justicia con medios. Nos sobran motivos”, los empleados/as públicos han coreado lemas para denunciar la situación actual y reclamar más medios y recursos.

Pese a que el número de asuntos ingresados y la litigiosidad han disminuido un 12,3 y un 12,8 por ciento, respectivamente, en el último año (datos del CGPJ correspondientes a 2020), como consecuencia del confinamiento, los casos acumulados no dejan de crecer. La pendencia (la ratio entre los asuntos que ingresan y los que se resuelven) ha aumentado un 29,6 por ciento, con una tasa del 0,60, o lo que es lo mismo, los juzgados tendrían que trabajar 7 meses solo para quitarse todo el trabajo pendiente.

La tasa de asuntos pendientes por jurisdicciones afecta de manera singular a lo Civil (0,85: 7 meses) Contencioso Administrativo (1,13: un año y dos meses); y Social (1,12: un año y un mes). La jurisdicción de lo penal es la más ágil aunque arrastra también una pendencia de 3,7 meses.

Además, según datos del propio Ministerio de Justicia, se prevé que el número de asuntos se incrementará este año un 140 por ciento, teniendo en cuenta circunstancias como el fin de los ERTES y el previsible aumento de la litigiosidad en el ámbito, por ejemplo, de lo social. La situación por tanto es ya insostenible

Desde CSIF lanzamos la voz de alarma. La ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos y para ello reclamamos un plan de recursos humanos, con una dotación mínima de 19.299 personas de nuevo ingreso. A modo de ejemplo, España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea

Se da además la circunstancia de que las bolsas de personal interino ya están agotadas ante el retraso en las ofertas de empleo público, por lo que el ministerio se está viendo obligado a recurrir a las listas del paro para contratar refuerzos.

A todo ello se suma el deterioro y la antigüedad de los medios tecnológicos, con aplicaciones obsoletas y sistemas informáticos lentos que también afectan a la tramitación de los procedimientos.

Negociación de las condiciones de trabajo

CSIF exige al ministro reactivar el diálogo social. No vamos a tolerar que la reforma de la Justicia se haga a costa de los derechos del personal y que suponga una merma de sus condiciones de trabajo. Esta reforma debe pasar por el reconocimiento laboral y retributivo de las personas al servicio de esta Administración, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que estén destinados, lo que incluye solucionar la discriminación salarial del personal bajo la dependencia orgánica del Ministerio, respecto a aquellas personas que dependen de las comunidades autónomas.

La Justicia necesita medios para cumplir con su función en beneficio de la sociedad. La solución para resolver los problemas de este servicio público está en invertir en el capital humano y en los medios materiales como corresponde a un servicio esencial. No hay que buscar soluciones fuera, ni privatizar ni externalizar parte del servicio público como se propone con la mediación obligatoria.

CSIF siempre ha abogado por el diálogo y la participación en la necesaria reforma de la Justicia. Pero si no se abre esa puerta a la participación real y efectiva del personal de Justicia y al acceso de información concreta sobre los planes que afectan a sus condiciones laborales, solo nos quedará la vía del conflicto.