Crece la preocupación por la financiación de las universidades

CSIF lleva meses alertando del peligro que va a suponer implementar la LOSU sin incrementar la financiación de las universidades públicas. Todo el mundo asume que aplicar la nueva Ley universitaria incrementará los costes, pero nuestro escenario sigue anclado a una infrafinanciación recurrente ya que muchas universidades públicas bajaron un 20% su financiación en los últimos diez años.

La LOSU no ha presentado Memoria Económica y su pobre objetivo del 1% del PIB en el 2030 no solo ha quedado como una mera declaración de intenciones, sino que está referido al conjunto del Estado cuando la financiación de la educación superior depende en más de un 80%  de las comunidades autónomas (12% restante de las tasa universitarias y 8% del Estado).

Además, el plan de aumento de gasto, al que suele referirse Subirats, lo debe establecer una comisión de composición no definida y que se tiene que crear en el plazo de 1 año por lo que resulta evidente que no puede dar respuesta de manera inmediata. Tampoco la partida económica para el plan de microcredenciales (50 millones de euros) de la que alardea el ministro de Universidades viene a solucionar ni de lejos el tema de la financiación.

Los rectores avisan que el problema más grave es el cambio en la distribución y estructura del profesorado que va a costar millones de euros e implicar contratar más profesores sin que haya garantías de aportación económica por parte de las comunidades autónomas de uno y otro signo político. También señalan que “sin financiación no vamos a poder aplicar la LOSU”

El sindicato alerta de que la incertidumbre en la financiación está paralizando proyectos de infraestructuras y contrataciones de personal. Algunas universidades empiezan a poner en duda la aplicación de los programas de estabilización y promoción previstos en la ley orgánica del sistema universitario (LOSU) que, según las disposiciones transitorias, deben articularse antes del 31 de diciembre del 2024.

Para CSIF está situación sería inaceptable por lo que sigue exigiendo asignaciones presupuestarias concretas para la renovación de las plantillas y para la disminución de la precariedad y la temporalidad, tanto del Personal Docente e Investigador como del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.