El Gobierno aparca el decreto sobre Requisitos de Centros Escolares ante las críticas de la comunidad educativa
- CSIF denuncia que el Ejecutivo mantiene altas ratios de alumnos por aula, las carencias de personal especializado en inclusión educativa y la no adaptación a las normas legales sobre climatización y ventilación
21 de Julio de 2022

El Gobierno ha decido retirar el decreto ley de Requisitos Mínimos de los Centros de Infantil, Primaria y Secundaria en el Consejo Escolar del Estado tras las críticas recibidas de no haber tenido negociación previa con los representantes del profesorado y con los demás miembros de la comunidad educativa.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que el Gobierno mantiene altas ratios de alumnos por aula en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria; que dichos centros carecen de personal especializado para labores administrativas y del profesorado especialista necesario para la inclusión educativa y atención a la diversidad.

Además, y pese a todo lo sucedido, no se han modificado los requisitos sobre instalaciones en los centros para adaptarlos a las normas legales sobre ventilación, climatización y eficiencia energética. En este sentido, el sindicato había presentado enmiendas para mejorar los centros ante los problemas estructurales que sufren y que los últimos acontecimientos han mostrado a la sociedad.

Así, se solicita que 20 sea el número máximo de alumnos por aula en los centros de Educación Infantil y Primaria (el documento del Gobierno lo fija en 25). CSIF propone para la Enseñanza Secundaria un máximo de 25 alumnos por aula, frente a los 35 que recoge el real decreto ahora congelado.

CSIF también propone que todos los centros escolares dispongan de personal de administración y servicios para reducir la carga burocrática de los docentes, y que los centros de educación Primaria y Secundaria de menos de 1 línea (un aula por curso) y los centros educativos rurales agrupados tengan al menos un maestro/a de Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje. Además, se ha propuesto que, para asegurar una verdadera atención a la diversidad, todos los centros en los que se imparta la ESO y el Bachillerato cuenten con un departamento de orientación educativa y psicopedagógica con todo el personal necesario; y que se preste una atención especial a las zonas rurales para consolidar su población y donde la educación pública esté presente.

CSIF, por último, denuncia que la pandemia ha evidenciado que las instalaciones de los centros no están adaptadas ni a la norma ni a las necesidades reales. La administración debe asegurar el cumplimiento de la normativa vigente: el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios; y el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que en su Anexo III especifica que las condiciones ambientales de los lugares de trabajo deben oscilar entre 17° y 27ºC, entre otras cuestiones.

Es imprescindible la instalación de sistemas de filtración y purificación portátiles y la preparación de los edificios ante condiciones climatológicas adversas, tanto de frío como de calor, que dificultan la actividad de profesorado y alumnado.

En este sentido, pedimos que los centros docentes tengan las condiciones ambientales adecuadas para evitar que la actividad escolar se desarrolle en condiciones de frío o calor extremo, cumpliendo los requisitos establecidos sobre eficiencia energética.

Al ser retirado por el Consejo Escolar de Estado el proyecto, a petición del Ministerio de Educación, esperamos que se abra un proceso de negociación en la Mesa Sectorial que dé voz al profesorado, pues esta norma afecta directamente a sus condiciones laborales y de salud laboral.