CSIF solicita al Ministro de Justicia que MUGEJU ponga en marcha un procedimiento para la realización de TEST COVID-19
Ante la lamentable incapacidad de la Gerencia de la MUGEJU para gestionar la atención sanitaria de los mutualistas en esta crisis de la COVID-19, CSIF, se ha dirigido al Ministro para que se ponga en marcha un procedimiento especial para la realización de TEST PCR´s a los mutualistas en activo.
22 de Abril de 2020

Dado que desde que se dictó la Orden SND 261/2020, es el Ministerio de Justicia quien asume las competencias en materia de personal de los funcionarios del Libro VI de la LOPJ, incluyendo su salud laboral, nos hemos dirigido al Ministro de Justicia solicitando que requiera a MUGEJU para que se ponga en marcha un procedimiento especial para la realización de TEST PCR´s a los mutualistas. MUGEJU debe contactar con los Servicios Públicos de Salud y Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria para coordinar y centralizar un cauce preferente que permita dar prioridad en la realización de estos test a los mutualistas en activo, que en la actualidad están prestando un servicio esencial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que si se quiere contener la pandemia de COVID 19 es necesario conocer quiénes están infectados con la enfermedad, porque sólo así conseguiremos aislarlos y evitar su propagación.

La actuación que reclamamos a la MUGEJU para la detección del Coronavirus ya ha sido acordada, con acertado criterio, por MUFACE para otros colectivos que prestan servicios esenciales como el Cuerpo de la Policía Nacional, poniendo en marcha el pasado 15 de abril un procedimiento especial para estos funcionarios. A tal efecto, MUFACE ha contactado con las Entidades aseguradoras correspondientes para centralizar un cauce preferente, dentro de esas entidades, que atienda con prioridad a los funcionarios/as del Cuerpo Nacional de Policía que están adscritos a dichas compañías, atendiendo en todo caso, a los criterios del Ministerio de Sanidad y de las diferentes Comunidades Autónomas dentro de su ámbito competencial.

Desde el principio de la crisis del COVID-19, la Administración de Justicia, ha tenido la consideración de servicio esencial, y la misma consideración, debe tener su personal. Como personal al servicio de la Administración de Justicia, aunque alejados del foco mediático, hemos vuelto a mostrar nuestra profesionalidad, nuestro absoluto compromiso con la ciudadanía y con la salvaguarda de los derechos de las personas, como siempre, desde la responsabilidad y la abnegación. Somos personal crítico en el actual estado de alarma y las funciones que desempeñamos son esenciales e imprescindibles, tal y como nos han reclamado y hemos venido demostrando a lo largo de todas estas semanas. Pero, es urgente e imprescindible la agilización de test diagnósticos para la detección del Coronavirus en nuestro colectivo.

Con los test, se trata, de evitar la propagación del virus y de descartar aquellos casos que, por tener síntomas compatibles con la enfermedad, finalmente no deriven en casos positivos del virus. Se trata, de evitar la inseguridad de nuestras personas y de nuestras familias. Pero también se trata de garantizar nuestra salud y la de nuestros compañeros, de sus familias y la de las personas que deban acudir a los Juzgados por cualquier motivo.

En estos momentos en que el Ministerio de Justicia ha comenzado de facto el “desescalamiento” en la Administración de Justicia, incrementando el número de personas que prestan sus servicios de forma presencial en las oficinas judiciales, tal y como hemos denunciado, es fundamental contener el avance del coronavirus -o evitar un rebrote de los contagios-, porque en caso contrario se podría poner en grave riesgo la difícil situación que soportan los hospitales, como hemos venido observando, lamentablemente, en esta crisis sanitaria.

Una vez más CSIF se demuestra que la reforma de los órganos de control de la MUGEJU no funciona y que quienes aceptaron el caramelo de formar parte de los mismos (entre ellos un sindicato), no son capaces de velar por los intereses de los mutualistas en una situación tan grave como la que estamos atravesando.