CSIF valora el anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía como “buen punto de partida para profesionalizar y despolitizar la Administración”
ACTUALIDAD | FUNCIÓN PÚBLICA
15 de Febrero de 2021
  • El presidente del sindicato en Andalucía valora la actitud dialogante del Gobierno andaluz sobre la futura Ley y espera que se enriquezca en el trámite parlamentario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A) ha valorado el anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía como “un buen punto de partida para profesionalizar y despolitizar la Administración andaluza”, que iniciará su trámite parlamentario una vez que el Consejo de Gobierno dé luz verde a dicho texto, en cuya elaboración el sindicato ha participado activamente como primer sindicato de la Administración Pública.

Tras un encuentro con el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, previo a que Ejecutivo andaluz apruebe el anteproyecto de Ley de Función Pública, al que también ha asistido UGT Andalucía, el presidente de CSIF-A, Germán Girela, se ha congratulado por “la interlocución ágil y permanente que ha existido con los agentes sociales al respecto”.

En concreto, CSIF-A ha articulado en los últimos cinco meses más de un centenar de reuniones en torno a la futura Ley de Función Pública y los términos del anteproyecto, ya sea con la Administración, o bien reuniones internas de coordinación para el análisis de los documentos de trabajo y la elaboración de propuestas.

Para CSIF-A, “el texto resultante es un buen comienzo de cara a actualizar el marco legal de referencia del personal del sector público andaluz y a profesionalizar y despolitizar la Administración andaluza”, ha apuntado el responsable sindical, que ha destacado también la transparencia que persigue en cuanto al personal directivo profesional, para cuya designación, ya se trate o no de empleados públicos, se convocará previamente un concurso con criterios y requisitos objetivos.

Asimismo, Girela ha argumentado que “con este anteproyecto de Ley se da carpetazo a la conocida como Ley de Reordenación del Sector Público, con la que CSIF estaba en desacuerdo, y regula de forma clara la funciones de los funcionarios y funcionarias”. “De hecho, se regulan por primera vez las potestades públicas que serán desempeñadas exclusivamente por funcionarios como fórmula para garantizar la seguridad jurídica y la prestación del servicio público”, ha precisado.

Igualmente, ha destacado que “será una ley integral, de aplicación a todo el personal de la de la Administración Pública Andaluza, incluyendo a sanitarios, docentes, Administración de Justicia, personal de las administraciones locales, el personal de las universidades públicas y el personal propio de los entes instrumentales”.

Hacia una Administración más moderna y ágil

Según Girela, el texto también plantea avances importantes de cara a una administración moderna y ágil, “favoreciendo la movilidad y cobertura de puestos de los funcionarios, instaurando el concurso permanente y abierto, así como el teletrabajo como otra modalidad laboral”. En esta línea, ha manifestado que “Andalucía necesita una Ley de Función Pública actualizada y adaptada al siglo XXI”, tal y como prevé desde 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

A juicio de CSIF Andalucía, “es imprescindible actualizar el régimen jurídico y el marco estatutario de los empleados públicos andaluces tras 35 años de vigencia de la antigua Ley 6/85”. “En este tiempo –recuerda-- se han aprobado distintas normas a nivel estatal que urgían la necesaria actualización en la comunidad andaluza, adaptando las condiciones de trabajo de los empleados públicos andaluces, así como mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar, e incorporando figuras jurídicas que incrementan la profesionalización de la función pública y del empleo público”, concluye.

Por último, el presidente de CSIF Andalucía ha confiado en que el trámite parlamentario sirva para enriquecer la norma de la que finalmente se dote Andalucía para actualizar el régimen jurídico y el marco estatutario del sector público andaluz.