En el día de ayer, los cuatro sindicatos nos hemos reunido con los portavoces de Justicia y Función Pública del Partido Popular para trasladarles la información sobre el conflicto abierto en Justicia tras la negativa del Ministerio de Hacienda a autorizar el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación el pasado 14 de septiembre.

Dentro de las medidas acordadas el pasado viernes, los cuatro sindicatos hemos trasladado nuestro rechazo a la decisión de Hacienda de no autorizar el acuerdo cerrado en la mesa de negociación.

Para los cuatro sindicatos se trata de un atropello a los derechos de los 15.000 compañeros y compañeras de Justicia del ámbito no transferido que llevan más de trece años sufriendo una escandalosa y grave discriminación salarial.

La Disposición Adicional 157 contiene un mandato de negociación y de aportación de las partidas presupuestarias suficientes para financiar lo que se acuerde y Hacienda no puede decir, salvo que mienta, que no estaba enterada de la existencia de la negociación y de los términos en los que se desarrollaba la misma.

Los representantes del grupo parlamentario popular se han mostrado receptivos a los argumentos y a las reivindicaciones planteadas por los cuatro sindicatos y muestran su disposición a colaborar en la presión al gobierno para que el Ministerio de Hacienda rectifique y el cobro de las cantidades comprometidas con efectos a enero de 2021, se haga efectivo a la mayor brevedad.

Entre otras actuaciones, se han comprometido a:

• Pedir la comparecencia urgente de la Ministra de Justicia (la Ministra de Hacienda tiene pendiente de comparecer desde que asumió las competencias de Función Pública)

• Trasladar al Partido socialista su disposición a no negociar ningún tipo de ley relacionada con la Administración de Justicia mientras no se resuelva el conflicto.

• Presentar preguntas de forma oral en la sesión de control al Gobierno y también por escrito para obligar a las Ministras a que den explicaciones sobre este atropello.

• Recabar apoyos en el resto de grupos parlamentarios para que en los PGE de 2022 se prevean las partidas de gasto necesarias para el cumplimiento del acuerdo.