CSIF denuncia el cese de los refuerzos de los órganos judiciales especializados en violencia contra las mujeres

La central sindical señala que una parte de estas contrataciones finalizarán el próximo 30 de abril y otras podrían hacerlo el 30 de junio. Cinco refuerzos se perderán a finales de este mes.

El sector de Justicia del sindicato CSIF ha denunciado la falta de transparencia en la eliminación de los refuerzos que asisten a determinados órganos judiciales en Huelva, en su mayoría, juzgados con competencia en violencia sobre la mujer. Cinco de esos refuerzos serán cesados a finales de este mes y otros tres más podrían hacerlo al concluir el mes de junio. Los órganos afectados por esta situación en la capital son el Juzgado de lo Penal número 3, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la Fiscalía Provincial y el Instituto de Medicina Legal. En el caso de la provincia, pierden refuerzos los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de cuatro municipios: el Número 3 de La Palma del Condado y el Número 1 de Aracena, Moguer y Valverde, todos ellos con competencias en violencia sobre la mujer.

Desde la central sindical se considera que “esta situación origina una enorme intranquilidad e incertidumbre entre los profesionales afectados, ya que, a día de hoy, desconocen qué va a pasar con ellos”. De igual forma, denuncia la total vulneración de la negociación colectiva ya que por parte de la Administración “se nos pone encima de la mesa una decisión ya tomada sobre cesar los refuerzos sin tener opción de debatirla y sin conocer las circunstancias concretas”, lamenta el sindicato.

CSIF denuncia que “la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal ha incumplido el compromiso adquirido el pasado 30 de marzo de seguir contando con estos refuerzos de violencia, así como de convocar una mesa sectorial para realizar un estudio detallado y, de este modo, abordar la necesidad de su mantenimiento”.

El sindicato explica que ha reiterado en varias ocasiones a la Administración la necesidad de que acometa de manera inmediata un proceso de estudio de la consolidación de la mayoría de estas plazas, realizando un análisis pormenorizado de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para valorar si estos refuerzos han venido a paliar el déficit estructural de muchos órganos judiciales con competencias en violencia contra las mujeres o si se han destinado a cubrir necesidades coyunturales.

Por todo ello, la central sindical ha reclamado que se dejen sin efecto los ceses previstos y, en su caso, se proceda a la renovación de las contrataciones hasta que no se lleve a cabo este estudio.