CSIF lamenta que Granada se consolide como la provincia con mayor tasa de desempleo del país en el tercer trimestre del año, según los últimos datos de la EPA

CSIF Granada, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha valorado con “preocupación” los datos conocidos este jueves en la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2022. Así, comparado con los datos registrados en el segundo trimestre del año, el número de personas desempleadas en la provincia supera la barrera de los 100.000 tras sumar 2.300 personas más sin empleo durante los meses de verano.

La presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, ha lamentado que  “continuemos ubicados como la provincia con mayor tasa de paro de España, distanciándonos en 9,88 y en 3,55 puntos de las medias nacional y andaluza respectivamente”. De igual modo, Pineda ha subrayado que durante los meses de julio a septiembre, la brecha de género también ha continuado acrecentándose, con una tasa de paro femenina que está 5 puntos por encima de la masculina (del 25,49 % frente al 20,08 %).

La dirigente sindical ha defendido la “necesidad imperiosa de generar empleo de calidad, sobre todo en servicios públicos esenciales como son la sanidad y la educación, y de una forma estructural, para dimensionar adecuadamente dichos servicios y hacer del sector público un motor de creación de empleo”. “Ello, junto a una apuesta real y firme por el sector industrial y el de la innovación, constituyen los pilares para la recuperación del mercado laboral en Granada”, ha concluido.

Victoria Pineda ha subrayado que los datos de desempleo conocidos hoy “anticipan unos meses muy complicados y muchas familias tendrán dificultades para afrontar necesidades básicas”. En este sentido, Pineda ha hecho referencia a la movilización convocada por CSIF el pasado 24 de octubre en Madrid y que reunió a más de 70.000 trabajadores y trabajadoras y ha recordado que “la subida global acordada entre el Gobierno y los sindicatos de clase en el sector público para 2022, 2023 y 2024 no cuenta con nuestro apoyo porque es insuficiente para corregir el 20 por ciento de poder adquisitivo perdido por los empleados públicos en la última década”.