CSIF valora el descenso del desempleo por segundo mes consecutivo en la provincia de Granada

Tras conocer los datos del paro ofrecidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CSIF Granada, sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha calificado como “muy positivo” el descenso que suponen los datos conocidos este miércoles, con 2.471 personas menos en las listas del paro, un 2,98 % menos con respecto al mes anterior. En términos interanuales esta cifra supone un descenso del 21,1 %, con 21.516 desempleados menos que hace un año en la provincia.

La presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, ha subrayado que “para nuestro sindicato siempre es una buena noticia que haya menos personas en situación de desempleo y, sobre todo, que se genere estabilidad en los puestos de trabajo”. Pese a ello, los contratos temporales siguen siendo más elevados que los indefinidos. Así, el número total de contratos temporales en mayo representa el 60,13% del total, frente al 39,87% de indefinidos.

Del mismo modo, Pineda recuerda que la provincia sigue superando la barrera de los ochenta mil desempleados, “en un momento en el que el incremento de los precios hace más vulnerables y contribuye al empobrecimiento de las familias granadinas”. Por ello, ha llamado a valorar los datos con “prudencia” hasta comprobar si es la reforma laboral la causante de esta tendencia positiva o si se trata, una vez más, de la dependencia estructural de la provincia de Granada del turismo y el sector hostelero.

La presidenta provincial reclama “medidas para luchar contra el desempleo juvenil, el paro femenino y la alta tasa de temporalidad que afecta a la empresa privada y de manera especial al sector público en sectores tan básicos como la sanidad, educación, seguridad social o la administración local”.

CSIF Granada exige “apuntalar” los servicios públicos que recibe la ciudadanía y recuerda que la Central Sindical seguirá saliendo a la calle para defender la dignidad y la labor de las empleadas y empleados públicos, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15% en la última década, si Hacienda mantiene su “intolerable postura” de negociar una subida justa que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en un plazo razonable.