El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, reclamó hoy a los partidos políticos una nueva hoja de ruta que permita mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de las plantillas: jornada laboral de 35 horas, desarrollo efectivo del teletrabajo, aprobación urgente de la oferta de empleo público, equiparación salarial y recuperación de la estructura salarial previa al recorte de 2010, entre otros.

CSIF convocó hoy a los medios de comunicación ante la necesidad de que también se hable de las/os empleados públicos en esta campaña electoral. El sindicato recuerda que el voto de los 2,5 millones de trabajadores/as y de sus familias puede ser determinante y demandan que se ponga encima de la mesa sus reivindicaciones, tras años de sacrificio y atendiendo al papel que han jugado durante la pandemia.

De entrada, CSIF reclama que se vuelva a negociar la subida salarial de las/os empleados públicos con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, vinculándola al IPC, con el fin de que se equipare al menos a la subida pactada en el ámbito privado (10 puntos entre 2023 y 2025).

Además, exigimos que se derogue el decreto de recortes de 2010 con el fin de recuperar la estructura salarial con la paga extra íntegra. En total, las cantidades ascienden a 30.000 millones y se ven afectadas 2 millones de personas en todas las administraciones.

DETERIORO DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES Y CONFLICTO EN JUSTICIA E INSPECCIÓN DE TRABAJO

Por otra parte, en el ámbito de las administraciones públicas, es evidente el deterioro de los diferentes ámbitos como son la Administración General del Estado (Seguridad Social, SEPE, Inspección de Trabajo – en este último organismo hay convocada una huelga indefinida desde el 26 de junio, etc), la sanidad (déficit de personal en toda España, cierre de camas previstas en verano..), así como el deterioro generalizado de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, que han jugado un papel esencial en los últimos cuatro años, con la pandemia y la crisis económica, en la atención a la ciudadanía.

Hablamos de nuestro personal sanitario, bomberos, administrativos, docentes, policías, las personas que gestionan las prestaciones de desempleo, las pensiones… Muchos de ellos se han visto afectados por el adelanto electoral dado que han decaído proyectos pendientes en el Congreso y se han interrumpido negociaciones: retribuciones y ordenación de la Justicia, Agente de la Autoridad en Prisiones, Ley de Función Pública, la Agencia de Salud Pública, el Estatuto de bomberos y agentes medioambientales, la normativa de la profesión docente, la nueva EBAU o la negociación del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias, entre otros.

A ello debemos sumar un conflicto que sigue latente en la Administración de Justicia, con una huelga indefinida iniciada el 22 de mayo, que afecta al ya excesivo retraso que arrastra esta administración por falta de medios personales y materiales y que el Ministerio de Justicia ha sido incapaz de solucionar. CSIF exige al Gobierno que resuelva este conflicto atendiendo las justas reivindicaciones de los Cuerpos Generales y Especiales que conforman el conjunto de la oficina judicial, junto con Jueces, Fiscales y Letrados, a los que ya se les ha subido el salario.

Desde nuestra independencia y el respeto a las opciones políticas que concurren a las elecciones, esperamos que de las urnas surja un Gobierno estable que permita impulsar una nueva agenda de mejoras en nuestras administraciones y un pacto que nos permita desarrollar estos 12 ejes fundamentales:

• Revisión del acuerdo salarial.
• Implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
• Desarrollo efectivo del teletrabajo en la Administración General del Estado.
• Regulación de la jubilación parcial anticipada en personal funcionario, estatutario y aquellos colectivos cuya actividad profesional así lo recomienda.
• Mejora de las pensiones de Clases Pasivas y mayor financiación para las Mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS)
• Actualización de las dietas e indemnizaciones por residencia.
• Adecuación de los Grupos Profesionales conforme establece el TREBEP (Art. 76).
• Profesionalizar la administración y garantizar su independencia; reducir los altos cargos, nombramientos a dedo y que se potencie el acceso por mérito y capacidad hasta los directores generales.
• Garantizar una financiación pública de la educación y la sanidad, hasta un 7 por ciento del PIB.
• Eliminar la brecha salarial, garantizar la paridad, y desarrollar los protocolos específicos contra el acoso sexual o por razón de sexo, así como revisar el pacto contra la violencia de género ante el repunte de casos y los problemas aún vigentes en la lucha contra esta lacra social.
• Desarrollar la carrera profesional y evaluar el desempeño con criterios objetivos y negociados con los sindicatos.
• Un plan de recursos humanos a medio plazo frente a la avalancha de jubilaciones que se van a producir y refuerzo de las plantillas donde sea necesario (SEPE, Seguridad Social, Prisiones, Sanidad, Educación, entre otros. A corto plazo, se hace precisa la aprobación urgente de la Oferta de Empleo Público de 2023, supresión de la tasa de reposición y agilización de los procesos de estabilización de plazas interinas.