CSIF Xustiza traslada al gobierno municipal de A Coruña la necesidad urgente de implantar las guardias de 24 horas en A Coruña y Vigo
18 de diciembre de 2022
-El equipo de la alcaldesa, Inés Rey, se compromete con CSIF a colaborar con el ayuntamiento de Vigo para adoptar todas las medidas que sean necesarias, tanto ante la Xunta como ante el Ministerio, para implantar las guardias
Una representación de CSIF Xustiza, encabezada por la presidenta del sector en Galicia, Auri Fernández, ha mantenido una reunión con el equipo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para trasladarle la necesidad urgente de implantar las guardias de 24 horas en esta ciudad y en la de Vigo.
Esta reunión se enmarca en la serie de encuentros agendados por CSIF Xustiza esta semana con los regidores de A Coruña y Vigo, con el fin de recabar apoyos a una demanda que ya es apoyada por todos los entes jurídicos implicados y que es fundamental para garantizar una atención jurídica adecuada a la ciudadanía.
Tras el compromiso mostrado por Abel Caballero, desde el Ayuntamiento de Coruña también “nos han trasladado su intención de colaborar con el Ayuntamiento de Vigo y gestionar todas las medidas y todos los apoyos que sean necesarios, tanto a nivel de la Xunta como del Gobierno de España y del Ministerio de Justicia para que las ciudades de Coruña y Vigo cuentan con las tan necesarias y demandadas Guardias de 24 horas”.
El equipo de Inés Rey coincidió con CSIF en lamentar que en estos momentos sólo se pongan tantos obstáculos a la implantación de este sistema de guardias desde la Xunta, cuando, además, no hay un problema económico que pueda justificar dichos obstáculos.
En este sentido, CSIF Xustiza recuerda que el Ministerio y el Gobierno de España las han incluido en presupuestos del 2021 y 2022, por lo que carece de sentido que la Xunta se haya negado a incluirlas para los funcionarios de los juzgados de instrucción de Coruña y Vigo y las Fiscalias, máxime cuando cuenta con presupuesto económico para ello.
“Además, no se entiende que teniendo los apoyos de los entes jurídicos implicados, asi como del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; del Fiscal del Tribunal Superior y demás colectivos, que la Xunta insista en no acceder a su implantación”.