CSIF rechaza que los empleados públicos cordobeses se vuelvan a quedar este año sin ayudas de Acción Social y reprocha a la Junta su falta de voluntad para retomarlas

SIF rechaza de plano que las empleadas y los empleados públicos cordobeses vuelvan a quedarse un año más sin ayudas de Acción Social debido a la falta de consignación presupuestaria para las mismas en 2023, salvo en el caso de las destinadas a personas con discapacidad. Ello pone de relieve “la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para retomarlas” después de que dejaran de concederse hace más de una década, concretamente en 2011.

Según el vicepresidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, “la Junta se escuda en limitaciones de carácter legal que afectan a aquellas comunidades que incumplen el déficit de gasto, entre las que no se encuentra Andalucía”. “En el fondo esta dilación responde a su falta de voluntad política por retomar estas ayudas y, por lo tanto, a una falta de prioridad presupuestaria para dar cobertura a estas prestaciones que, entre otras cuestiones, posibilitan una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario, entre otras”, sentencia López

El también responsable de Acción Sindical explica que “tanto durante las negociaciones llevadas a cabo en Mesa General, como en las reuniones o conversaciones mantenidas desde CSIF a lo largo del pasado año con distintos responsables de la Administración, esta ha eludido su respuesta con el objetivo de que no diera tiempo a poner en marcha de nuevo las ayudas de Acción Social en 2023, como finalmente ha ocurrido”.

“El resultado es que el Gobierno de la Junta sigue incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, en el que se recogía la recuperación de las ayudas de Acción Social”, recalca López. CSIF agrega que “un año más los empleados y empleadas públicas que dependen de la Administración autonómica se ven privados de la posibilidad de optar a estas ayudas, a las que en el último ejercicio en el que fueron concedidas se destinaron en torno a 35 millones de euros”.

 “En resumidas cuentas, la Administración ha estado demorando y mareando la perdiz para conseguir el que era su objetivo: Volver a dejar a sus empleados públicos sin ayudas de acción social después de más de diez años sin ellas”, lamenta el representante sindical. López argumenta además que otras comunidades autónomas sí han recuperado ya dichas ayudas, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

“Desde CSIF seguiremos trabajando y reivindicando la puesta en marcha de nuevo de estas ayudas, que son esenciales para los más de 28.000 empleados y empleadas públicas de la provincia de Córdoba dependientes de la Administración autonómica y que adquieren aún más relevancia en un periodo de problemas económicos para las familias como el que vivimos”, concluye el vicepresidente de CSIF Córdoba.