CSIF denuncia que la Junta incumple la normativa que obliga a revisar las guardias de los Cuerpos Generales en el Instituto de Medicina Legal

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en Córdoba y en Andalucía, ha denunciado a la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal dependiente de la Consejería de Justicia por no revisar ni aprobar las guardias de los Cuerpos Generales en los Instituto de Medicina Legal (IML), lo que se traduce en el incumplimiento del Decreto 90/2018 por el que se modifica el funcionamiento y organización de estos servicios judiciales.

Dicho decreto obliga en el plazo de un año a revisar las guardias que se realizan en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía por los cuerpos generales de la Administración de Justicia. En concreto, afectaría al colectivo integrado por tramitadores procesales, gestores procesales y auxilios judiciales.

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, califica de “lamentable” este incumplimiento de la normativa por parte de la Junta, puesto que “no solo no se han revisados las guardias en un año, como obliga el decreto, sino que en algunas provincias, como es el caso de Córdoba, no existen las guardias”.

Desde la central sindical se critica la actitud de la Administración de Justicia puesto que “ha hecho caso omiso a los innumerables escritos y peticiones que CSIF ha presentado para solicitar que se cumpla este mandato en Mesa Sectorial”. En este sentido, “exigimos la inclusión de la revisión y aprobación de las guardias de los Cuerpos Generales en los IML y no se ponga como excusa la pandemia por Covid-19”.

González muestra el malestar del colectivo afectado por este grave incumplimiento de la Consejería de Justicia y advierte que esta situación está generando que “los propios médicos forenses se vean obligados a realizar tareas administrativas ante la falta de profesionales que puedan atender a la ciudadanía”. El representa sindical lamenta que “finalice la presente legislatura incumpliendo el mandato del mencionado decreto y el compromiso y voluntad que sobre este asunto ha demostrado en sus manifestaciones la Dirección General”. La revisión y aprobación de las guardias que reclama CSIF supondría, según los cálculos del sindicato, una partida presupuestaria anual de aproximadamente 300.000 euros.

Para González, “es incomprensible que se haya atascado esta negociación, imprescindible para dar un servicio público de calidad en los Institutos de Medicina Legal cuando, como se manifestó hace unos días en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 27 de noviembre de 2018 celebrada entre Administración y firmantes del mismo, existe una convicción clara por parte de la Consejería en seguir llevando a término cada una de las clausulas dirigidas a mejorar el servicio público.