Nueva jornada de huelga y concentraciones en Justicia

Comienza la segunda semana de huelga general en Justicia, con concentraciones también ante los partidos judiciales. Los funcionarios de Justicia exigen soluciones urgentes.

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"El silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es absolutamente indignante, inaceptable e inaudito. El presidente Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93 por ciento de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras", señala los sindicatos convocantes de las protestas, entre los que está CSIF.

Mientras, el primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios/as de Justicia ha provocado ya la suspensión y aplazamiento de más de 600.000 juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales. Esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados.

"Consideramos indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencias. Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la actitud intransigente del Gobierno en general y de la ministra Llop en particular, carente de voluntad de diálogo en contra de lo que manifiesta públicamente; que solo se sienta a negociar con los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto", apuntan.

El martes de la pasada semana se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto abierto con jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios. Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto.