Pese a la falta evidente de medios de protección cerca de 22.000 funcionarios de Justicia se encuentran trabajando todos los días en sus puestos de trabajo en turnos rotatorios al activarse la fase 1 lo que supone cerca del 40% del total.

CSIF denunciará ante la inspección de trabajo todas las deficiencias que se detecten y pone a disposición de los funcionarios/as interesados un modelo de escrito para solicitar la realización de test y la provisión efectiva de EPIS.

CSIF denuncia, una vez más, la irresponsabilidad del Ministerio al activar, con carácter general, la fase 1 en Justicia cuando la mitad de las provincias españolas permanecen en fase 0 conforme a los criterios del Ministerio de Sanidad y la comisión de expertos del Gobierno del que forma parte el Ministro de Justicia. Para CSIF, lo único coherente con la protección de la salud es que la fase 0 sanitaria signifique fase 0 en Justicia y un porcentaje de personal igual al que se tenía la semana pasada del 15-20%.

Desde CSIF lamentamos que el Ministerio no haya rectificado y, a cambio, haya planteado en una instrucción un sistema complejo de asignación de porcentajes de incorporación en función del número de solicitudes de teletrabajo (no aclara si son teletrabajadores reales o no) y de la fase en la que se encuentre la provincia de destino. El resultado es que, en la mayor parte de las provincias, está acudiendo el 35% del personal con independencia de la fase en la que se encuentre la provincia de destino.

Además, el Ministerio introduce un elemento engañoso al considerar, frente a lo que sostuvo la semana pasada, que la plantilla efectiva es lo mismo que la plantilla orgánica, es decir incluyendo las bajas y los permisos concedidos. CSIF denuncia esta trampa que obliga a muchos funcionarios a tener que acudir todos los días de forma presencial a los centros de trabajo incrementando así el riesgo para su salud. Si se va a considerar la plantilla orgánica, CSIF exige que se cubran todas las vacantes y todas las bajas activándose las bolsas de interinos que llevan paradas desde que se inició el estado de alarma.

Por si fuera poco el lio que se ha organizado con la publicación a medianoche de ayer de varias resoluciones de dotaciones presenciales en la citada instrucción se establece que los turnos se harán día a día por lo que es imposible saber cuántos y qué días un funcionario/a deberá ir a su puesto de trabajo.

Asimismo, CSIF exige que se clarifique la situación del personal con permisos concedidos para el cuidado de menores y de mayores dependientes ante el cierre de colegios y de centros de día. En todo caso, CSIF exige que se publiquen los criterios y la forma en la que se va a solicitar la acreditación de esta situación para introducir certidumbre en la existencia real de un motivo para la concesión del permiso y la de quienes están realmente en esta situación no se vean incluidos en los turnos por “interpretaciones unilaterales” de las ya imprecisas instrucciones del Ministerio.

Por otro lado, para CSIF el Ministerio de Justicia no ha sido capaz de cumplir ni siquiera sus recomendaciones recogidas en el Anexo I de la Orden JUS 394/2020 de 8 de mayo donde se habla de la necesidad de realizar la evaluación de los puestos de trabajo con carácter previo a la incorporación del personal.

Desde CSIF reiteramos la necesidad de:

• la realización de test de detección del coronavirus y/o de la enfermedad a todo el personal de Justicia que se incorpore a su puesto de trabajo y, especialmente, al personal de los Institutos de Medicina Legal y del INTCF de la misma forma que, en diferentes, formatos están acometiendo o van a hacerlo, el CGPJ, la Comunidad de Andalucía o la Comunidad de Madrid en el ámbito de Justicia y, también, muchas empresas privadas y la Liga de Fútbol Profesional
• la necesidad de que se asegure una provisión efectiva de medios de protección a todo el personal que se reincorpore y que incluya mascarillas, geles, mamparas y toallas de papel.
• la necesidad de realizar evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo y, en particular, de determinadas actividades y tareas. Hoy por la mañana nos ha llegado un borrador sobre medidas en los IML e INTCF para alegaciones “express”, pero faltan protocolos claros de acceso a los edificios, enrutamientos, salidas fuera de las sedes para actos de comunicación etc…, manejo de expedientes y pruebas de convicción, salas de vistas, citas previas o atención telefónica/telemática etc… ¿Cómo se puede inciar la fase 1 sin, ni siquiera, haber evaluado estas circunstancias?.