La Comunidad de Madrid hace nuevamente oídos sordos al requerimiento del Defensor del Pueblo ante la denuncia de CSIF Sanidad Madrid por el cierre de los SUAP

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado, quiere denunciar la actitud de la Comunidad de Madrid ante la petición del Defensor del Pueblo de información que explique la decisión de cerrar los 37 centros del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Comunidad de Madrid.

Esta petición a la Comunidad de Madrid por parte del Defensor del Pueblo se produjo ante el escrito presentado por CSIF Sanidad Madrid, en junio de este año, solicitando su intercesión en el caso del cierre de los mencionados SUAP, cierre que se produjo en marzo del año 2020, al inicio de la pandemia.

A día de hoy, estos centros siguen completamente cerrados, a pesar del anuncio de la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero de un nuevo modelo de Urgencias Extrahospitalarias.

En los primeros días del mes de septiembre, a través de la Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid emitió un informe aportando una serie de datos que no convencieron al Defensor del Pueblo, el cual les requirió más documentación que motivara y argumentara la decisión de cerrar los SUAP.

En la contestación a CSIF Sanidad Madrid, el Defensor del Pueblo indicaba que “la respuesta facilitada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a la solicitud de esta institución de la memoria justificativa que pruebe la conveniencia de derivar los pacientes antes atendidos por los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) se considera insuficiente”.

Además, en esta respuesta remitida al sindicato, el Defensor del Pueblo se mostraba tajante ante nuestra denuncia y recomendaba a la Consejería de Sanidad la necesidad de adoptar, a la mayor brevedad posible, “todas las medidas necesarias que aseguren una correcta atención urgente presencial en los centros extrahospitalarios de la Comunidad de Madrid”.

A día de hoy, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid mira para otro lado y continúa sin facilitar la información que le pide la Oficina del Defensor del Pueblo. Esto ha motivado que en el día ayer, nuevamente, el Defensor del Pueblo, ante la tardanza en recibir la información, haya requerido a la Consejería competente la remisión inmediata de la misma.

Con esta actitud por parte de la Consejería de Sanidad, la Comunidad de Madrid deja clara su negativa a colaborar con esta institución ante la queja realizada por CSIF Sanidad Madrid.

Y mientras niega información al Defensor del Pueblo, la Consejería de Sanidad sí parece tener tiempo para elaborar un “documento invisible” que justifique la implantación de un nuevo modelo de Urgencias Extrahospitalarias a marchas forzadas, modelo que va a ser implantado de manera unilateral, sin negociar, y que vulnera de forma flagrante los derechos de los trabajadores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid vuelve a utilizar a la sanidad madrileña y a los profesionales que la componen como instrumento político para atacar al Gobierno central, exigiendo un respeto hacia la sanidad madrileña que ella, de manera continuada, no aplica.

Obviando las peticiones realizadas por el Defensor del pueblo, la Consejería de Sanidad pretende ganar tiempo para abrir, sea como sea, los nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC), ya que la apertura de estos centros es parte del compromiso político de Isabel Díaz Ayuso.

También, desde CSIF Sanidad Madrid, queremos hacer hincapié en que, en caso de no colaborar, el Defensor del Pueblo puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece la Ley Orgánica que regula la Institución del Defensor del Pueblo.

Esperemos que la Comunidad de Madrid tenga a bien facilitar lo antes posible la información requerida por el Defensor del Pueblo donde se justifique, de manera clara y eficaz, el cierre prolongado de estos 37 centros SUAP.