CSIF pide un refuerzo de las medidas de protección en los juzgados tras un repunte de casos positivos entre funcionarios de justicia de Madrid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha pedido a la Consejería de Justicia que refuerce las medidas de protección en los juzgados de la Comunidad de Madrid tras tener conocimiento de un repunte en el número de casos positivos por COVID-19 entre funcionarios de la Administración de Justicia de la región en los últimos días.

El pasado lunes se tuvo conocimiento de varios casos positivos en el juzgado de Primera Instancia número 57 de C/ Rosario Pino, que fue desinfectado el mismo lunes. Asimismo, en el juzgado 103 de Primera Instancia también se han registrado dos positivos, mientras que los últimos casos conocidos se han producido en el Servicio Común de actos de Comunicación de los Juzgados de Arganda del Rey, cuyo edificio está siendo desinfectado en estos momentos.

Por ello, CSIF Madrid exige a la Comunidad que refuerce las medidas de protección para una mayor seguridad en el desarrollo de sus cometidos de los trabajadores de este ámbito, que ya están incorporados a sus puestos en un 70%. De igual modo, instamos a que se tomen las medidas de aislamiento y cuarentena en aquellas sedes judiciales donde se haya registrado algún caso positivo, además de la preceptiva desinfección del centro.

CSIF lleva tiempo alertando, insistentemente, que esto podía ocurrir. El plan de desescalada en la Administración de Justicia se está llevando a cabo de manera precipitada y atropellada, al margen de los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad en el plan de desescalada general, con medidas más efectistas que efectivas, y olvidándose de que lo prioritario es la protección de la salud de los trabajadores y de los ciudadanos y profesionales que acuden a las sedes judiciales.

La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid no puede seguir haciendo oídos sordos a las continuas denuncias que desde CSIF le hemos trasladado por las deficientes medidas de protección adoptadas para proteger la salud de funcionarios y usuarios de la Administración de Justicia, que están poniendo en grave riesgo su salud.

No hay excusa que valga ante una situación de emergencia sanitaria como la que vivimos. La Consejería de Justicia tiene plenas competencias en materia de prevención y ha de asumir su responsabilidad para garantizar la salud de las personas que acuden a las sedes judiciales; y si no puede cumplir estas garantías con la adopción de medios de protección adecuados, debe suspender el plan de desescalada en la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid o instar al Ministerio de Justicia para que la acuerde, retornando a la situación anterior mientras no mejore la situación sanitaria. De lo contrario estarían incurriendo en una infracción muy grave en materia prevención de riesgos laborales e, incluso, en la comisión de un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo previsto en el Código Penal. 

Todo esto se puede agravar si los juzgados de la Comunidad, tal y como está previsto, recuperan una actividad cercana a la normal el próximo 8 de junio, cuando está previsto el acceso de público a los juzgados y la reanudación de las vistas.

Por otro lado, CSIF anima a los trabajadores de la Justicia madrileña a acudir a realizarse los test de detección del SARS-CoV2 que la Consejería de Sanidad ha cedido a la de Justicia para que se lo hagan todos aquellos empleados públicos de este ámbito que lo deseen.

Las pruebas se están realizando desde hoy en las instalaciones del IFISE (carretera de Colmenar Viejo Km 13.600) y se llevan a cabo por personal de Cruz Roja especializado. Los test se realizan por bloques diarios por apellidos para los funcionarios de los Juzgados de Madrid capital, y a partir del 8 de junio para los funcionarios de los juzgados de los partidos judiciales de la periferia.

Para procurar la mayor seguridad posible, se han habilitado 3 espacios separados con zonas de aparcamiento diferenciadas, evitando así las aglomeraciones. En caso de ser positivo el resultado de esta prueba, la Consejería de Sanidad contactará con cada afectado para la realización de un test PCR que clarifique si se trata de un positivo por anticuerpos o por infección, y que se realizará en el centro sanitario habilitado al efecto por la Consejería de Justicia.