Mejores condiciones de trabajo y aumento de la plantilla exigen los funcionarios penitenciarios
Mejores condiciones de trabajo y aumento de la plantilla exigen los funcionarios penitenciarios
15 de Julio de 2022

Mejores condiciones de trabajo y aumento de la plantilla exigen los funcionarios penitenciarios

La manifestación tuvo lugar en la Plaza de los Reyes. / FOTOS C.A.W.La manifestación tuvo lugar en la Plaza de los Reyes. / FOTOS C.A.W.

Una manifestación en rechazo a las recientes agresiones a funcionarios penitenciarios de distintas cárceles en España ha sido la ocasión elegida por los portavoces de estos empleados públicos que exigen la implementación de medidas efectivas que impidan que sigan convirtiéndose en víctimas de la violencia de los reos.

Los funcionarios de instituciones penitenciarias han protagonizado al mediodía de este jueves una concentración en la Plaza de los Reyes de Ceuta, justo al frente de la sede de la Delegación de Gobierno, una manifestación para la que han convocado a los medios de comunicación para hacer público su descontento y exigir respuestas y soluciones para una serie de problemas que enfrentan desde hace años.

Así lo ha manifestado el portavoz de UGT/ACAIP, una de las organizaciones sindicales que ha convocado la manifestación junto a CSIF II.PP, quien ha señalado que similares manifestaciones se realizan hoy por toda España “como protesta y muestra de repulsa por las agresiones sufridas por compañeros en la semana pasada en las prisiones de Estremera, Murcia y Valencia”.

Rechazan “la decisión de quitarle importancia” a estos hechos tomada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cosa que califican de “reprobable” al no atender “a que 300 funcionarios son agredidos cada año en agresiones bastante graves”, entre ellas la de un funcionario penitenciario de Murcia a quien un presidiario estuvo a punto de seccionarle la yugular y permanece hospitalizado, otro en Estremera recibió una golpiza de un interno experto en kickboxing “dejándolo prácticamente en coma”, mismo que meses antes había asesinado a un compañero de celda por una discusión sobre la litera, a pesar de lo cual permanecía en régimen normal.

“Sabemos en el medio en el que trabajamos, pero también queremos trabajar con unas mínimas garantías de seguridad y que la administración nos respalde”, reclama.

Sostiene que “esto se enlaza también con las reticencias que encuentra a nivel parlamentario el reconocimiento a los funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de autoridad. Llevamos años reclamando este reconocimiento y no se recibe de ninguno de los gobiernos que se han sucedido”.

Argumenta como razón para este reclamo que “de esta manera a cualquier funcionario público penitenciario estaría agravado y se daría el principio de indemnidad ante cualquier agresión, la administración sería la responsable de indemnizar al funcionario por daños y perjuicios”.

Señala que las agresiones a los funcionarios penitenciarios del recinto de Mendizabal son habituales, lo que se puede comprobar por las constantes citaciones judiciales a internos por estos hechos que deben presentarse ante los tribunales penales a rendir cuenta por las mismas.

Categoría 1.1 para el centro penitenciario de Ceuta

Recordó el portavoz de UGT/ACAIP, Mohamed Haidor, que el pasado mes de febrero el secretario general de Instituciones Penitenciarias visitó Ceuta, ocasión en la que prometió la reclasificación del centro penitenciario de Ceuta a nivel 1.1 y el incremento de la plantilla de funcionarios en 105 plazas, lo que permitiría abrir dos módulos más de los ocho con los que cuenta el recinto carcelario, construido a un costo de 150 millones de euros y que es utilizado a un 25 % de su capacidad. La decisión de la apertura de esos dos nuevos módulos está en manos de Función Pública y Haciendo que todavía, luego de 5 meses del ofrecimiento, no se ha pronunciado.

Haidor explica que a pesar de que el secretario de prisiones al hablar del centro penitenciario de Ceuta resalta la cantidad de funcionarios que allí laboran olvida explicar que de esos 240 entre 70 y 80 son personal administrativo, que el resto se debe dividir en los tres turnos en los que se divide la jornada de 24 horas que allí se presta, que de cada turno se debe asignar un funcionario a cada puerta y control dentro de las instalaciones que lo ameriten y a los que quedan hay restarle las ausencias por bajas médicas, vacaciones y de otra índole que terminan provocando que se tengan turnos de menos de 100 funcionarios para controlar una población carcelaria de más de 200 reos.

De tales designaciones de nuevos funcionarios también depende la puesta en funcionamiento de los talleres productivos y poder ofrecer un servicio público penitenciario de calidad. Así mismo reclaman la estabilidad necesaria que permita la dignificación de los funcionario penitenciarios, así como de la atención a los condenados. Para abrir totalmente la capacidad del centro penitenciario habría que doblar la actual plantilla de unos 240 funcionarios que allí laboran.

Se incumplen las leyes

La consecuencia inmediata de no contar con más módulos en los que distribuir a la población penitenciaria por la falta de funcionarios suficientes es que los internos procesados por primera vez están mezclados con los multireincidentes, sin separación por grupos etarios y no se aplican los tratamientos penitenciarios para proceder a la reinserción y reeducación de los internos, labores establecidas en la constitución.

Por su parte Juan Martín, portavoz de CSIF II.PP explicaba que a su llegada a la Secretaría General de Prisiones en el 2017, Ángel Luis Ortiz ofreció a los funcionarios que ocupaban la sede de la secretaría como medida de presión que solucionario y atendería sus demandas, por lo que acuerdan el desalojo de las mismas, a pesar de lo cual y a la fecha las demandas de entonces se mantienen vigentes.

Martín rechaza las pretensiones de las autoridades penitenciarias que lejos de sentarse a negociar con los funcionarios pretenden, y así lo han hecho, presentar propuestas no discutibles que exigen sean aceptadas y firmadas sin discusión ni análisis, a lo que los representantes sindicales se han negado en repetidas oportunidades exigiendo se respete su derecho a exponer sus puntos de vista y a ser escuchados y tomados en cuenta.

“Tienen que escuchar a las personas que trabajan en el medio penitenciario. Ellos por muchos estudios que tengan no son los que conviven día a día con los internos, no son los que saben cómo se desarrolla el día a día de una institución como esta”, ha puntualizado.