«La regulación de la ley de Función Pública actual es deficiente e incompleta»

 

Dentro de poco se celebrarán elecciones dentro de la Administración General del Estado y por este motivo, EL PUEBLO se ha puesto en contacto con José María Tapia, presidente de la AGE en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), quien ha valorado la situación en la que se encuentra la Administración General del Estado, dando a conocer como ha sido la lucha llevada a cabo por CSIF durante estos últimos años y cuales son los objetivos marcados de cara a esas próximas elecciones y con respecto a las mejoras que se propone desde la central sindical para mejorar las condiciones laborales del personal de la AGE así como la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos.

Pregunta.- ¿Cómo está la situación actualmente en la Administración General del Estado?

Respuesta.- Pues estamos en un momento decisivo para el futuro de la Función Pública actualmente se está tramitando el proyecto de ley de Función Pública, si bien es cierto que el texto llega con 15 años de retraso, no lo es menos que nos jugamos mucho, nuestro sindicato ha iniciado una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios a los que les hemos presentado las 35 enmiendas que queremos que defiendan durante la tramitación del proyecto de ley tanto en el Congreso como en el Senado con el fin de mejorar el texto, las cuales han sido valoradas muy positivamente.

P.- ¿Qué valoración realiza CSIF de ese texto?

R.-Mire usted, consideramos que una ley de esta magnitud a día de hoy en su redacción actual está lejos de cumplir los requisitos mínimos y regula aspectos fundamentales de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de forma deficiente e incompleta, además carece de dotación presupuestaria, limita el derecho de movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo.

 

P.- ¿Y cuáles son algunas de sus propuestas para mejorar ese proyecto de ley?

R.- Nuestras propuestas van desde una evaluación del desempeño basada en criterios objetivos y con participación en la comisión de valoración de los representantes de los trabajadores debido a su efecto directo sobre la carrera profesional.

Que los nombramientos y ceses del personal directivo se realicen según los méritos del candidato y no por libre designación.

La jornada laboral de 35 horas semanales.

El desarrollo del teletrabajo con garantías, detallando las condiciones laborales bajo las que se realizara, proporcionando el Gobierno los medios materiales y técnicos para ello.

El desarrollo del grupo profesional B para el personal de la AGE, actualmente se limita esta posibilidad a algunos cuerpos y escalas solamente.

Derecho a la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario.

El que todos los empleados públicos (y no solo los funcionarios de carrera) tengan derecho a excedencia por el cuidado de hijo/a o familiar, y excedencia por ser víctima de violencia de género o violencia terrorista.

La inclusión del personal laboral en todos aquellos aspectos que les pueda ser de aplicación.

 

 

 

 

 

El presidente de la Administración General del Estado en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), José María Tapia, defiende que los nombramientos y ceses del personal directivo se realicen según los méritos del candidato y no por libre designación

 

P.- ¿En un horizonte cercano afrontan ustedes unas elecciones dentro de la Administración General del Estado, como se presentan?

R.- Como sabe somos el sindicato mayoritario en la Función Pública, venimos de vencer en los últimos procesos electorales y no pensamos en otra cosa que no sea una nueva victoria.

Estos años han sido algo atípicos por la desgraciada aparición del COVID, no obstante, ni en esos momentos dejamos de trabajar con todo el empeño, recordar que desde CSIF se han llevado a cabo más de 350 actuaciones adelantándonos a los acontecimientos en muchas ocasiones durante la pandemia, durante el COVID la actividad de CSIF se dirigió a la protección de tu salud y a garantizar los derechos laborales. 

Salimos a la calle y convocamos una gran manifestación en Madrid el 24 de septiembre a la que acudieron más de 70000 personas con el lema “Contra el empobrecimiento social; Por una subida salarial justa; Por una jubilación digna y Por la calidad de los servicios públicos” mostrando nuestro rechazo a la falta de medidas que amortigüen los efectos de la crisis en las personas trabajadoras, otras organizaciones sindicales han sido incapaces de actuar contra este Gobierno y por la defensa de los empleados públicos.

Nuestras esperanzas chocaron contra la falta de voluntad de la Administración y el servilismo de otras organizaciones sindicales que, tras la inexplicable firma de un pésimo acuerdo, han llevado a los empleados públicos a una nueva pérdida de poder adquisitivo que, al menos se prolongará hasta el año 2024 y que agrava el empobrecimiento que venimos sufriendo desde hace más de una década. Estos son los mismos sindicatos que luego exigen para el resto de trabajadores incrementos salariales acordes a la subida del IPC, pero no para los empleados públicos a los que consideran unos privilegiados.

En CSIF conocemos la situación real de los empleados públicos y no vamos a desfallecer y pondremos todo nuestro empeño y trabajo en revertir esta situación y conseguir un gran número de reivindicaciones que estimamos es fundamental para mejorar las condiciones laborales y dignificar el trabajo de los empleados públicos, de todos sin distinciones. Para ello solicitamos incrementos retributivos ligados al IPC.

La supresión de las tasas de reposición, para adecuar las plantillas a las necesidades reales. Poner fin a la externalización de servicios. 

Habilitar fondos para corregir las desigualdades retributivas de los empleados públicos. IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO.

La recuperación de las pagas extraordinarias integras.

Incentivación económica de la prolongación de la vida laboral más allá de la edad de jubilación voluntaria, así como la prorroga inmediata de la vida laboral a voluntad del trabajador.

Un avance en la simplificación de los procesos de promoción interna, así como un impulso de la movilidad inter e intra administrativa.

Un incremento de la financiación de las mutualidades para garantizar una prestación sanitaria adecuada en todo el territorio. También un incremento de los haberes reguladores de las clases pasivas, para tener el día de mañana pensiones dignas.

La actualización del complemento de residencia.

Es más, a día de hoy desde CSIF estamos exigiendo al Presidente del Gobierno la renegociación de las condiciones retributivas de los empleados públicos con efectos retroactivos de 1 de enero de 2022 vinculada al IPC.

Rechazamos la reforma de las pensiones, que nuevamente cuenta con el apoyo de CC.OO y UGT como las llevadas a cabo en 2011 y 2021.

Como puede comprobar con todos estos antecedentes que han perjudicado una vez más a los empleados públicos y con la connivencia de los sindicatos de clase no nos imaginamos un horizonte que no refleje un nuevo triunfo de CSIF.

 

 

 

 

 

«En Ceuta existe una rotación de personal que perjudica en la administración y en la calidad del servicio»

 

P.- ¿Y a nivel local que propuestas tienen?

R.- Básicamente las propuestas son las mismas que enumeraba anteriormente pues todos somos trabajadores del Estado, añadir también la actualización de las indemnizaciones por residencia que no se actualizan desde el año 2005, cuando el coste de la vida desde ese año 2005 al 2022 se ha incrementado en un 26’3%, y el de los combustibles en el caso de la gasolina ha tenido un aumento del 230% y en el del diesel del 240%, desde CSIF proponemos un solo grupo profesional para dietas y actualizar dietas y combustibles conforme al encarecimiento de la vida.

Sin embargo, en Ceuta y dentro de la Administración General del Estado hemos constatado que la misma adolece de un déficit importante de trabajadores de alrededor de un 20% cuando a nivel nacional la media está en el entorno del 14% y esto acarrea una sobrecarga laboral.

Y en un futuro próximo tendremos un contingente importante de trabajadores en edad de jubilación. Debemos de prever soluciones a este problema antes de que se haga mayor.

 

P.- ¿Y qué soluciones propone su organización sindical para lo que acaba de reseñar?

R.- Debemos hacer de Ceuta un destino atractivo para todos los empleados públicos, debemos de mejorar la conectividad de Ceuta, las bonificaciones no pueden ser solo en el transporte aéreo o marítimo se debe de implementar también la bonificación para los viajes en tren, España se está vertebrando a través de las líneas ferroviarias, es un medio limpio y ecológico, los y las ceutíes no pueden valga la redundancia perder ese tren.

Por otro lado, el que no se cubran las plazas afecta y mucho a la calidad de los servicios que debe de recibir el ciudadano, y no le hablo solo de la Administración del Estado sino también en el ámbito de la sanidad, la educación o la justicia.

Y aquí me gustaría incidir en dos elementos esenciales para fomentar el arraigo en la ciudad y que la calidad asistencial que ofrezca la misma al ciudadano sea la adecuada dentro de las ratios nacionales.

Uno de esos elementos es la indemnización por residencia, la misma está estancada desde el año 2007 cuando se procedió a una revisión y distribución de las cuantías del personal en activo del sector público estatal y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

El aumento del coste de la vida desde enero de ese año 2007 a marzo del 2023 es de un 37%, la indemnización por residencia no garantiza la permanencia en los territorios y al no quedarse los funcionarios en Ceuta, existe una rotación de personal que perjudica en la Administración y finalmente afecta a la calidad del servicio que recibe el ciudadano.

Y el otro problema sería la vivienda que se hace visible en el número de las mismas disponibles cada 1000 habitantes, muy inferior a las cifras del resto de España. Y además con un 40% de ellas con una antigüedad mayor de 40 años.

Como salta a la vista con estos mimbres es imposible hacer un buen cesto, debemos de fortalecer los servicios públicos existentes y consolidar la presencia de la Administración General del Estado en el territorio.

 

 

«Nuestras esperanzas han chocado contra la falta de voluntad de la Administración y el servilismo de otras organizaciones sindicales»

 

P.- ¿Dibujan ustedes un panorama de muchas reivindicaciones, pero que realidades, que hechos se han conseguido en estos cuatro años?

R.- Como le comentaba anteriormente han sido unos años difíciles por la pandemia, sin embargo, en este periodo y le nombro solo lo conseguido en el ámbito de la AGE, CSIF ha firmado el Acuerdo de Estabilización de Empleo AGE.

El Acuerdo para la fijación de criterios comunes relativos al concurso unitario AGE (Subgrupos C1 y C2 administrativos y auxiliares), basado primordialmente en la valoración de la antigüedad y razones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

También el Acuerdo sobre Medidas Organizativas etapa de nueva normalidad AGE, que establece criterios para el trabajo presencial y no presencial garantizando la protección de la salud y la conciliación.

Un Acuerdo de modificación del TREBEP que introduce un nuevo artículo 47 bis, el TELETRABAJO.

El Acuerdo encuadramiento personal laboral IV CUAGE que conforma una nueva clasificación profesional y nuevas retribuciones.

Asimismo, el Acuerdo por el que se aprueba el III PLAN DE IGUALDAD de Género en la Administración General del Estado y sus organismos dependientes.

El Acuerdo de Teletrabajo en la AGE por el que CSIF ha presentado contencioso por inactividad e incumplimiento de la Administración que ha sido admitido a trámite por el TSJ.

El Acuerdo para la aplicación de la jubilación parcial anticipada IV CUAGE.

El Acuerdo por el que se adoptan medidas de refuerzo del funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Acuerdo de Oferta de Empleo Público, una oferta histórica 15880 plazas en turno libre y 9551 en promoción interna.

El Acuerdo de Criterios Generales Promoción Interna en la AGE, con unos claros objetivos, favorecer la carrera profesional, cubrir las necesidades de personal y la prestación de un servicio público de calidad.

El Acuerdo del nuevo sistema de retribuciones complementarias IV CUAGE. Criterios para la asignación y supresión de complementos.

Y el Acuerdo de Reclasificación de Centros Penitenciarios del que estoy especialmente orgulloso por el tremendo esfuerzo que ha supuesto llevarlo a cabo y que al final ha tenido recompensa.

 

 

 

 

 

«Desde CSIF estamos muy preocupados por el deterioro de los servicios públicos esenciales»

 

P.- ¿Por qué esa especial satisfacción al respecto de este acuerdo?

R.- Pues mire usted porque ya tocaba son muchos años ya de reivindicaciones para que este colectivo se vea recompensado y si bien la bandera que enarbola CSIF en Instituciones Penitenciarias es la Equiparación con Cataluña (al igual que nuestros compañeros de ministerio, los policías nacionales y la guardia civil), junto con el grupo B, no puedo ocultar mi satisfacción de que esa brecha salarial se vea reducida pues el Acuerdo lleva implícito un incremento retributivo muy merecido. Además, fruto del mismo y dentro del punto 8 en su apartado B “Compromisos Adicionales” del citado acuerdo se está negociando una nueva regulación de las jornadas y horarios que implementarán nuevas cadencias a propuesta de las organizaciones sindicales con representatividad.

Los trabajadores penitenciarios son un colectivo que sufre una agresión cada 19 horas, durante el año 2022 sufrieron un total de 422 agresiones de distintos tipos, se hace necesario trabajar por un entorno laboral seguro como “un principio y un derecho fundamental en el trabajo “

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La cifra en realidad es mucho más elevada ya que estos datos no reflejan todas las incidencias que se producen en una prisión, tan solo aquellas en las que el trabajador requiere asistencia médica.

Se necesitan medios de protección acordes a las funciones que los trabajadores penitenciarios realizan, no se puede seguir utilizando los medios de hace 20 años, en la actualidad existen nuevos medios, medios más ligeros, más efectivos que los que se suministran y a menor coste económico.

La administración debe velar por la seguridad de sus trabajadores.

Y esperamos que muy pronto sea una realidad la condición de agentes de la autoridad para los trabajadores penitenciarios. El Congreso aprobó en marzo de 2022 la toma en consideración de la Proposición de Ley por la que se modificaría el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria para otorgar esta condición a los funcionarios de prisiones, algo que todavía no ha cristalizado por la falta de voluntad política y sobre lo que estamos trabajando desde CSIF solicitando que el trámite parlamentario se agilice a fin de que, esta medida , pueda servir de freno a las agresiones sufridas por los empleados públicos penitenciarios.

 

P.- ¿Son ustedes, la organización sindical a la que representa, optimistas de cara al futuro?

R.- El futuro próximo es un reto, desde CSIF estamos muy preocupados por el deterioro de los servicios públicos esenciales, como Sanidad, Justicia, Educación, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias, entre otros.

Frente al conformismo del resto de organizaciones, CSIF reclama un debate honesto entre las diferentes opciones políticas y que ofrezcan propuestas que nos permitan avanzar hacia un empleo de calidad, mejoras salariales, pensiones dignas, unos servicios públicos adecuados y el reconocimiento profesional de los empleados públicos.

Nuestro optimismo es moderado, porque no vemos la hora en la que por parte de los partidos políticos se afronte sin complejos la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Libertad Sindical para abrir la representación sindical al conjunto de la sociedad española y garantizar la pluralidad. Pluralidad que en ningún caso existiría si se excluya a CSIF del diálogo social.