El Ministerio de Justicia muestra su nulo interés en el servicio público y en su personal

 Hasta el momento no existe designación alguna de servicios mínimos (que debe ser nominal) por lo que mañana todo el personal de Justicia puede secundar la huelga y, en consecuencia, no se puede garantizar la prestación de los servicios esenciales.

 

Los servicios mínimos (efectivos que, como mínimo deben estar trabajando para garantizar la prestación de los servicios esenciales) son claramente abusivos.

 

En algunos casos, el Ministerio de Justicia ha establecido más personal como servicios mínimos que el número de efectivos con los que cuentan los órganos afectados. En otros casos, la determinación de los servicios mínimos obliga a todo el personal a estar en la oficina sin que puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga.

 

En el caso de los servicios esenciales que, por segunda vez consecutiva ocupan más de tres folios y en los que, prácticamente todo, es servicio esencial. Sin perjuicio de que vayan a ser recurridos podemos hacer las siguientes reflexiones.

 

Mientras que los servicios esenciales de los LAJ se resumían en 7 apartados en lo que podríamos denominar servicios esenciales “low cost”; los servicios mínimos para el resto de la oficina judicial abarcan 26 apartados donde casi todo es ahora esencial cuando hace apenas dos meses no lo era.

 

El Ministerio de Justicia debería dar explicaciones a la ciudadanía de porqué permitió esos servicios esenciales “low cost” en la huelga de los Letrados cuando, en realidad, ahora estima que los servicios esenciales deben extenderse hasta el infinito y más allá.

 

El Ministerio de Justicia debería rendir cuentas sobre el resultado de su investigación sobre la falta de celebración de juicios durante la huelga de los Letrados cuando la propia Abogacía del Estado declaró que su presencia no era requisito para su celebración.

 

No obstante, para este comité de huelga, esta clara diferencia de trato que vulnera el derecho fundamental de huelga del personal de Justicia que no son Letrados y que es constatable con sólo leer ambos documentos, demuestra que los 45.000 funcionarios/as de Justicia tienen motivos mas que suficientes para exigir un incremento retributivo puesto que, según el propio Ministerio, su presencia en los órganos judiciales es más determinante y necesaria que la de los Letrados que tan generosamente han sido recompensados por la Secretaría de Estado de Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda.

 

Sólo falta que actúen en consecuencia y ahorren al ciudadano los perjuicios que la paralización de la Justicia va a tener en sus procedimientos, intereses y derechos. Y, con más motivo, si como parece van a poner encima de la mesa de jueces y fiscales una propuesta económica.