El Ministerio de Justicia lanza la consulta pública sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Administración de Justicia
- CSIF advierte al Ministerio de Justicia que, antes de aprobar una ley de este tipo de abrir la Mesa de Negociación. Sin la participación de los trabajadores, sin su implicación, ningún proceso de reforma tendrá éxito. Ni la co-gobernanza ni el impulso legislativo que se quieren dar a las reformas pueden suplantar o marginar la negociación colectiva que es un derecho fundamental recogido en el artículo 28 de la CE dentro del derecho de libertad sindical.
11 de Noviembre de 2020

El Ministerio de Justicia lanza la consulta pública sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Administración de Justicia.

Según la nota de prensa del Ministerio, el proyecto se enmarca dentro de Justicia2030 y contempla la creación de Tribunales de Instancia junto con el desarrollo de la oficina judicial, 431 en total, la implementación de la Oficina Digital y la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia en los municipios para sustituir a los Juzgados de Paz potenciando sus funciones. Esta potenciación de los servicios prestados por los Juzgados de Paz fue uno de los puntos más importantes del acuerdo que firmó CSIF en el año 2014 y sirvió para frenar su desaparición ante las propuestas de reforma de la LOPJ impulsadas en el año 2013.

Aún así el documento no deja de ser excesivamente genérico por lo que es difícil hacer una valoración del mismo, de sus intenciones y de su finalidad.

El documento sometido a consulta no es el articulado del anteproyecto sino una exposición de motivos junto con una serie de preguntas sobre las que se pide opinión a los participantes de la consulta.

En la consulta pública puede participar todo aquél interesado a través del correo electrónico consulta.aploeficienciaorg@mjusticia.es hasta el 25 de noviembre.

CSIF analizará el documento con detenimiento dadas las implicaciones evidentes de las cuestiones planteadas en las condiciones de trabajo del personal de Justicia. En este sentido, CSIF advierte al Ministerio de Justicia que, antes de aprobar una ley de este tipo, tiene la obligación de abrir la Mesa de Negociación. Sin la participación de los trabajadores, sin su implicación, ningún proceso de reforma tendrá éxito. Ni la co-gobernanza ni el impulso legislativo que se quieren dar a las reformas pueden suplantar o marginar la negociación colectiva que es un derecho fundamental recogido en el artículo 28 de la CE dentro del derecho de libertad sindical.

Para CSIF es imprescindible poner a los funcionarios de Justicia en el centro de la reforma puesto. Para CSIF esencial aprovechar el enorme capital humano que tiene la Administración de Justicia su experiencia y conocimientos, así como el papel que “de facto” vienen desarrollando en las oficinas judiciales desde hace tiempo sin tener ni el reconocimiento laboral ni el retributivo que merecen. En el documento que se somete a consulta no se menciona, ni una sola vez, al personal de Justicia. El documento sometido a consulta está cojo de una de las patas más importantes de la reforma.

Para CSIF a la Justicia le hacen falta no sólo medios organizativos sino medios personales y materiales; y todo esto sólo se consigue con una financiación a la altura de un servicio esencial. Esto es suficiente en su cuantía y estable a lo largo de los años. En este sentido, CSIF ya ha propuesto al Gobierno de la Nación un plan de reconstrucción del sector público con un plan de empleo público a tres años que en Justicia supondrían 19.922 nuevos puestos de trabajo.

CSIF cree en la necesidad de modernizar la Administración de Justicia, pero no aceptará una reforma a costa de las condiciones laborales y retributivas así como los derechos de los funcionarios/as de Justicia. CSIF advierte que en la negociación se deben poner encima de la mesa todas las cuestiones relativas a los intereses profesionales y a la mejora de las condiciones de trabajo de quienes son los encargados de llevar a cabo, en la práctica, todas las ideas recogidas en este tipo de leyes organizativas. Algunas de estas cuestiones son viejas y justas reivindicaciones del personal de Justicia que deben ponerse en juego si se quiere, de verdad, modernizar la Administración de Justicia.