La Ley Celaá incluye por sorpresa una disposición que permite apartar a docentes de sus funciones.

  • Prensa y Comunicación
  • Notas de prensa y comunicaciones
  • Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
  • Catedráticos Enseñanza Secundaria
  • Inspectores de Enseñanza
  • Maestros
  • Personal de Universidad
  • Profesores de Religión
  • Profesores de Secundaria FP y Enseñanzas de Régimen Especial

19 de noviembre de 2020


[[{"fid":"565275","view_mode":"default","type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":167,"width":898,"class":"media-element file-default"}}]]

 

La Ley Celaá incluye por sorpresa una disposición que permite apartar a docentes de sus funciones.

- CSIF exige explicaciones urgentes y una aclaración durante el trámite en el Senado: la medida se ha introducido a espaldas de los sindicatos, deteriora la imagen del profesorado y crea un clima de desconfianza
- El Congreso vota hoy una Ley que carece de recursos para afrontar los problemas de la Educación y negociada de espaldas al profesorado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de que la Ley Celaá, que se vota hoy en el Congreso de los Diputados, abre la puerta a que se aparte de sus funciones a docentes por supuesta falta de rendimiento.

Se trata de una medida sorpresiva –introducida en la disposición adicional cuadragésima octava-- a espaldas de los sindicatos, que deteriora aún más la imagen del profesorado, creando un clima de incertidumbre y desconfianza sobre el ejercicio de sus funciones.

Desde CSIF, advertimos de que en España ya se pueden aplicar medidas disciplinarias, por lo que no entendemos que se incluya esta redacción en una Ley Orgánica, sin un análisis previo ni un diagnóstico que lo justifique. Reclamamos al Ministerio que dé explicaciones urgentes durante el posterior trámite parlamentario de la norma en el Senado.

En definitiva, como hemos venido denunciando a lo largo de los últimos meses, lamentamos, además, que la Ley Celaá arranque sin consenso y sin recursos (con un déficit de 26.600 docentes y de 7.000 millones en inversión educativa) para afrontar los graves problemas de la educación en España: fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas…

Se trata de un parche más en el modelo educativo que además recrudece polémicas como la de las lenguas cooficiales. La norma rebajará, asimismo, el nivel de exigencia para aprobar en lugar de apostar por planes de refuerzo educativo, incremento de plantillas o la reducción de ratios de alumnos.

COMPARTIR