La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya denunciaba en enero que la Junta ha incumplido la normativa del Gobierno, que obliga a las comunidades autónomas a elaborar un plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, que debería haberse publicado antes del pasado 31 de octubre y que además llevaba asociada la implantación de los medios y recursos necesarios antes del uno de enero, otro plazo que también se agotó.

CSIF lamenta que ahora la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Medio Ambiente no tenga en cuenta las «lecciones aprendidas» que eviten el «desastre ambiental y social» del pasado verano y sigue, en la línea de su rancio discurso de un operativo flexible amparado en cocinadas estadísticas.

No podemos sino recordar el empecinamiento de los responsables de la misma Consejería en seguir con peligro bajo en junio de 2022 y cuyo resultado conocemos todos, miles de personas evacuadas de sus pueblos, fallecimientos, etc. CSIF recuerda que en junio de 2022 advertía del «grave riesgo» de incendios forestales, por lo que pidió la declaración de peligro alto de incendios forestales y activar del cien por cien del operativo. «Por desgracia, días después comenzaron los graves incendios que asolaron la Sierra de la Culebra durante ese mes. Esos incendios tuvieron que combatirse con un operativo de extinción de incendios forestales de la Junta con menos del 50 por ciento de su capacidad», concluye.

Nadie pone en duda los turnos de 24 horas de un parque de bomberos urbano o de cualquier servicio de emergencias, pero parece que los incendios forestales siguen siendo emergencias de segunda para Junta de Castilla y León.

Así, mediante un Decreto-ley y otras figuras normativas en negociación, la Junta pretende que su personal laboral se mantenga disponible las 24 horas, es decir, disponer del tiempo de descanso de los trabajadores y trabajadoras del Operativo fuera de la jornada laboral, en algunos casos por poco más de 5 euros al día.

En otros casos con responsables directos del operativo, es decir, quien toma las decisiones en los incendios forestales, se pretende dar cobertura al territorio con un tercio de lo que sería imprescindible, dejando sin servicio a gran parte de esa España vaciada de la que tanto hablan algunas formaciones política, sin una dotación mínima de medios personales y materiales, obligando a actuar y a tomar esas decisiones a Agentes Medioambientales, Agentes Forestales y Celadores de Medio Ambiente en espacios del medio rural (comarcas) que no conocen porque no son su zona habitual de trabajo.

¿Pretenden, cuando la cosa se complique, despachar al “hombre orquesta” a montar el Puesto de Mando Avanzado? Los Ingenieros Forestales y de Montes son los encargados de hacerse cargo de los incendios de cierta entidad pero no se prevé apoyo de personal, conductores necesarios, más allá de un Agente Medioambiental que pueda acudir a una comarca que NO conoce. Tampoco quieren establecer un mínimo de implantación de equipos con funciones operativas de extinción (autobombas) que serían imprescindibles para una rápida intervención ante una emergencia por incendio forestal.

«A esta organización sindical no le extrañaría, a la vista de la prepotente actitud de la Consejería dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. Por ejemplo, a lo largo de los últimos años, de forma reiterada, tanto a través de escritos como en las distintas reuniones mantenidas, hemos trasladado propuestas sobre la regulación del sistema de guardias de incendios, así como sobre la imperiosa necesidad de revisión y negociación de nuevo decreto de guardias, su reforma, o normativa pertinente, sin que hayan aceptado ninguna».

«Ahora dicen que se quieren dar otro par de años para ello, hay que recordar que el vigente Decreto es de 2004 y las condiciones sociales del medio rural y del combustible vegetal existente en el mismo han cambiado y sumado a los efectos del cambio climático suponen una bomba de relojería, cuestión que venimos demandando desde hace muchos años a la Consejería».

Desde CSIF apostamos por un operativo profesional y 100% público, para dar un servicio de emergencias en incendios forestales permanente y real a los ciudadanos de Castilla y León, en contra del “Operativo flexible” de la Consejería de Medio Ambiente, que considera un despilfarro destinar medios a la seguridad de los Castellanos y Leoneses.

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