CSIF, como primera fuerza sindical en la Administración autonómica, exigió este miércoles que la mejora de las condiciones laborales y salariales del operativo contra incendios forestales se negocie en la Mesa General de los Empleados Públicos al tratarse de un «servicio de principio a fin público» y advirtió de que irán a los tribunales «si se toca» en un acuerdo en el marco del Diálogo Social condiciones de los trabajadores.

Así lo reivindicaron este miércoles en una rueda de prensa el presidente autonómico de la central sindical, Benjamín Castro, y el delegado autonómico del sector de medioambiente Agustín Angulo, quienes remarcaron que la negociación debe situarse en un ámbito más amplio del Diálogo Social, en el que solo están CCOO, UGT y la patronal.

En tal sentido, consideraron que dichos acuerdos, cuyo contenido solo conocen a través de notas de prensa de la Consejería, no tiene legitimidad al dejar fuera de la negociación a la central mayoritaria en la representación de los empleados públicos, por lo que CSIF ha remitido sendas cartas a los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de la Presidencia, José Julio Carnero, para que se convoque la Mesa General.

Castro manifestó que no van a permitir que se negocie o se firmen acuerdos que «pongan en peligro» las condiciones de los empleados públicos y del personal laboral integrado en el operativo de extinción de incendios.

Así, explicaron que de un operativo de más de 4.400 trabajadores, el 43 por ciento, casi 2.000 son empleados públicos, si bien advirtieron que en dinero solo se destina el 20 por ciento del gasto total y que únicamente se mejoraron las condiciones de extinción por lo que solicitaron que se corrija en la Mesa General y en el convenio colectivo.

Precisamente, Angulo lamentó que se «desprecie» el trabajo de los empleados de prevención, como los escucha, cuya labor consideró esencial para tener la información ante la declaración de un incendio y enviar al mismo los medios adecuados.

Respecto de la petición de dimisión de Suárez-Quiñones ante la gestión de unos incendios de este verano que están siendo «una tragedia», Castro apuntó que más que su dimisión quieren que se cambie el modelo, que ven «caduco» para que sea público en su totalidad y despegado por los empleados públicos de la Comunidad, como indicó que ocurre en Castilla-La Mancha, Valencia o Extremadura.

“Hemos solicitado formalmente la reorganización del operativo porque es caduca e ineficiente. Cuando se está en un foro de negociación hay que respetar las normas. Y el devenir de los trabajadores públicos se han de debatir en el foro legítimo: la Mesa General de Empleados Públicos de Castilla y León”, ha señalado el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, que también ha recordado que este sindicato se ha designado por los propios empleados “como la fuerza primera sindical ante los poderes públicos”.

Agustín Argulo, delegado autonómico del sector medioambiental en CSIF, ha advertido que al abordar cuestiones “tan sensibles” se obvia la capacidad negociadora de CSIF: “no hay razones evidentes ni objetivas que permitan entender esta decisión, por lo que pedimos que se reconduzcan esta cuestión”.

El sindicato ha enviado sendas cartas a los consejeros de presidencia y de Medio Ambiente, Jesús Julio Carnero y Juan Carlos Suárez-Quiñones, respectivamente, para advertir que no “permitiremos” esta negociación sin estar ellos presentes. Incluso advierten de iniciar trámites legales en caso de hacerlo. “No entendemos cómo se puede negociar en el Diálogo Social, donde está la patronal, y está claro que se va a favorecer a las empresas privadas. Esto provoca una precariedad en cuanto a relaciones laborales”, apuntó Castro, que ha añadido que no van a permitir que se negocie o se firmen acuerdos que "pongan en peligro" las condiciones de los empleados públicos y del personal laboral integrado en el operativo de extinción de incendios.

Según los datos ofrecidos por Argulo, en un operativo de más de 4.400 trabajadores, el 43%, casi 2.000 son empleados públicos, y sin embargo de dinero solo se destina el 20% del gasto total y que únicamente se mejoraron las condiciones de extinción por lo que solicitaron que se corrija en la Mesa General y en el convenio colectivo.

 

Dimisión no, cambiar el modelo

El presidente del CSIF no pide la dimisión del consejero Suárez-Quiñones, pero sí que cambie el modelo, que ven "caduco" para que sea público en su totalidad y despegado por los empleados públicos de la Comunidad”.

Argulo ha exigido mejoras en las condiciones laborales, ya que que se “desprecie” el trabajo de los empleados de prevención, como los escucha, cuya labor consideró esencial. “Las cámaras dan un montón de fallos. No se puede sustituir a un profesional que te dice cómo es el humo, la vegetación y te ofrece una información precisa para luego saber qué medios enviar. Eso no se valora. Esa información no te la da nadie. Hoy en día son primordiales en muchos incendios”.

 

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