ATENDIENDO A LAS RECLAMACIONES DE CSIF, EL MINISTERIO ESTÁ COMENZANDO A IMPLANTAR VIGILANCIA PRESENCIAL EN EDIFICIOS JUDICIALES DONDE FALTA

El Sector de Justicia de CSIF viene reclamando por escrito al Ministerio de Justicia desde hace tiempo, y más intensamente durante los años 2019, 2020, y 2021, para que procediera a implantar cuanto antes la vigilancia presencial y arcos de seguridad en aquellos edificios judiciales carentes de ellos, y donde principalmente se ubican los Juzgados mixtos unipersonales, cuyas medidas de control instaladas no hace mucho tiempo (videoporteros y cámaras), han demostrado ser insuficientes.  

La prueba de que las medidas de seguridad con protección presencial son totalmente necesarias, son los incidentes que periódicamente se vienen produciendo, alguno de ellos grave y con reflejo en prensa, en este tipo de instalaciones judiciales.

Siempre hemos entendido que los referidos edificios, tanto por la seguridad de las personas como por las instalaciones y cuanto contienen, deberían estar dotados de personal de seguridad y vigilancia suficiente, ya sea público o privado, para protegerlos, e independientemente de la población y del número de Juzgados con que cuenten.

Finalmente, el Ministerio ha tomado en consideración las reiteradas y fundadas peticiones realizadas en este sentido por CSIF, porque hemos tenido conocimiento de que se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior por el que miembros de las Fuerzas de Seguridad (guardias civiles, concretamente) pueden solicitar y realizar la función de vigilancia presencial en edificios judiciales. Sabemos que en algunos juzgados la vigilancia está comenzando con personal de la guardia civil (dependiendo de su disponibilidad), y en otros, en principio, con vigilantes de seguridad.

Por ello, CSIF ha vuelto a exigir al Ministerio de Justicia que se lleven a efecto inmediatamente las gestiones necesarias para dotar cuanto antes de vigilancia presencial con personal de seguridad (guardia civil, o vigilante de seguridad), y medidas de control (arcos de seguridad), a todos los edificios judiciales dependientes del Ministerio de Justicia que carecen de ellas, con el fin de proteger y garantizar la seguridad, tanto del personal judicial, como de los ciudadanos que acuden a dichas oficinas de la Administración de Justicia.