CSIF exige a las administraciones que obliguen a la empresa de seguridad privada Mersant a pagar su deuda con 450 vigilantes de Andalucía

• El sindicato se concentra junto a otras organizaciones ante el Parlamento de Andalucía para denunciar los impagos de la mercantil, que custodia decenas de sedes de la Junta y de los ayuntamientos de Sevilla y Cádiz

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, se ha concentrado este lunes a las puertas del Parlamento de Andalucía para exigir a las administraciones que intervengan ante Mersant Vigilancia y consigan que esta empresa abone la deuda que mantiene desde hace meses con su plantilla de trabajadores, la mayoría de los cuales trabaja en la comunidad. Según el Área de Seguridad Privada de CSIF-A, en toda España hay afectados unos 750 empleados y empleadas y 450 de ellos están en Andalucía.

CSIF y el resto de organizaciones participantes en la protesta, a la que han asistido unas 300 personas, han reclamado a la Junta de Andalucía y a otras administraciones locales que “no miren para otro lado mientras una empresa contratada con dinero público incumple el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, de ahí que hayan exigido el cumplimiento estricto del convenio o la “anulación inmediata” de todas las adjudicaciones que tiene la empresa. También han lamentado la “dramática situación de muchos trabajadores que no tienen dinero para mantener a sus familias”, según ha recalcado Enrique Ruiz, responsable de Seguridad Privada de CSIF Andalucía.

Mersant debe las nóminas de diciembre y enero, así como la paga extra en el caso de decenas de profesionales. La empresa, que es andaluza, trabaja para la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Sevilla y Cádiz y los Ayuntamientos de esas dos capitales y el de Chiclana. También custodia la Casa Museo Blas Infante, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Parque Natural Los Toruños (El Puerto de Santa María), oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), juzgados y multitud de instalaciones públicas dependientes de la Junta, con la que ha firmado trece contratos en los cinco últimos años. El último de ellos data de enero de este mismo año para vigilar los juzgados de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Según CSIF, los trabajadores sufren una situación “extrema e insostenible” no sólo por el impago de sus salarios, sino por “el retraso en las resoluciones sobre la infinidad de denuncias cursadas contra la empresa”. En este sentido, los seis sindicatos profesionales del sector ya firmaron una notificación conjunta dirigida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas para “que actuasen ipso facto y conminasen a la empresa fraudulenta a saldar su deuda con los vigilantes de seguridad y restablecer la regularidad en el abono de sus nóminas de inmediato”.

Los representantes de los trabajadores también exigen un cambio en el sistema de licitación pública para que no se adjudiquen a la baja, lo que antiguamente se llamaban “bajas temerarias” ni primen el capítulo económico. “Con este sistema, que premia la oferta más barata, no entran empresas solventes, lo que inevitablemente genera impagos. “La prioridad deberían ser la solvencia de la empresa y el estudio y la técnica”, ha reclamado Ruiz.