CSIF muestra su indignación por el retraso, hasta septiembre, del juicio penal al presunto agresor del Centro de Salud de Loreto

• La Central Sindical subraya la impotencia  y sensación de indefensión que sienten los profesionales ante los episodios violentos que sufren en el ejercicio de sus funciones

Cádiz, 18 de noviembre de 2022

CSIF quiere mostrar su indignación por el retraso del juicio por lo penal por la agresión a una trabajadora de la Unidad de Atención a la Ciudadanía (UAC) del Centro de Salud de Loreto, en Cádiz,  que se ha señalado para septiembre de 2023. Aunque los juicios de este tipo, por ley, deberían celebrarse en quince días tras el juicio rápido, normalmente acaban teniendo lugar a los dos meses, “pero no es habitual que sea casi un año después”. Esta situación “lo que provoca es impotencia y sensación de indefensión entre el personal de la Sanidad Pública”, señalan desde la sección sindical de CSIF en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.

Este asunto ha pasado al juzgado de lo Penal, después de que se celebrase el juicio rápido en el Juzgado de Guardia, este pasado miércoles, por atentado a agente de la autoridad, en el que el presunto agresor se negó a aceptar las acusaciones de agresión.

CSIF lleva tiempo reclamando mayores penas a quienes agredan, tanto física como verbalmente, a trabajadores de la sanidad, por parte de usuarios, para que cumplan con el objetivo de disuadir y prevenir episodios de este tipo. Del mismo modo, no se pueden tolerar retrasos en la administración de justicia, al dejar a la persona agredida con la sensación de que las agresiones “salen gratis”, teniendo además que trabajar durante meses, hasta la celebración del juicio, con la incertidumbre de si su agresor quedará o no impune.

La Central Sindical exige a la Administración de Justicia que dote de todos los recursos adecuados a los juzgados para que estos procedimientos no se prolonguen tanto en el tiempo.

“Los profesionales de la sanidad pública llevan a cabo sus labores para ofrecer a la ciudadanía un servicio esencial y nunca, bajo ningún concepto, deberían sufrir violencia por parte de usuarios que no saben o no quieren resolver sus problemas a través de los mecanismos que tienen a su disposición, como las hojas de reclamaciones”, apuntan desde CSIF.