El Consejo Consultivo de Andalucía reprocha a la Diputación que no indemnice a trabajadoras que fueron perjudicadas en un proceso selectivo

• Este órgano independiente da la razón a CSIF y dictamina que las afectadas han sufrido un perjuicio económico al perder la oportunidad de ser contratadas por culpa de una bolsa de empleo que se constituyó de manera ilegal
• CSIF lamenta que la Institución Provincial se niegue a reconocer la responsabilidad patrimonial en estos casos, por lo que obliga a las afectadas a seguir recurriendo a los tribunales

Cádiz, 5 de abril de 2022

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen en el que, dándole la razón a CSIF, reprocha a la Diputación provincial de Cádiz no haber indemnizado a cuatro trabajadoras por sufrir las consecuencias de un proceso selectivo que fue declarado ilegal por los tribunales de Justicia. Para CSIF, este dictamen es “este dictamen es muy importante ya que reconoce responsabilidad patrimonial en una bolsa de trabajo que ha sido anulada”.  

El perjuicio ocasionado a estas trabajadoras comenzó en 2013, cuando se modificaron arbitrariamente los criterios para puntuar un examen de acceso a las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto. Tras las denuncias de las trabajadoras afectadas, y el asesoramiento jurídico de este sindicato, la bolsa de empleo que se constituyó tras aquellas pruebas de acceso irregulares fue anulada y, después de un “rosario de recursos y demandas”, en 2019 se publicó el baremo definitivo conforme a la ley, ordenando de una manera más justa la bolsa de empleo. Sin embargo, cuatro trabajadoras denunciaron que desde 2013 hasta 2019 habían sufrido un perjuicio económico, al no haber sido contratadas desde un principio,

En concreto, el dictamen del Consejo Consultivo Andaluz, que aunque no es vinculante (pero sí preceptivo para una administración cuando se reclaman más de 15.000 euros) reconoce “que se dan todos los requisitos necesarios para que exista la responsabilidad patrimonial, especialmente la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas,  la  relación de causalidad y la antijuridicidad del daño”.  

Ante todo esto, CSIF espera que la Diputación abandone su política de discriminación sobre unas trabajadoras que sufrieron un trato injusto desde 2013 a la hora de presentarse a un proceso selectivo público, y asuma que debe indemnizarlas por todo ello.