PROBLEMAS EN LAS OPOSICIONES

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en su Disposición Adicional Cuarta contempla el establecimiento de medidas de agilización de los procesos selectivos y obliga a las Administraciones Públicas a asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos selectivos mediante la adopción de las medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de los procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

Además de los incumplimientos en los plazos mencionados en la Ley 20/2021 y visto el desarrollo de los procesos selectivos que convoca la Diputación General de Aragón, se han detectado por esta organización sindical, entre otros, los siguientes problemas:

 

Falta de medios de los órganos gestores.

La aplicación exacta de la normativa existente, la cantidad de aspirantes a cada proceso selectivo, las complicaciones derivadas de la digitalización, el elevado número de procesos en vigor, la cantidad de consultas realizadas por los interesados… nos está demostrando que desde el momento en que se inicia la elaboración de la oferta de empleo público hasta la obtención de un destino definitivo por las personas que han superado una oposición, se requiere la participación de un amplio equipo de empleados públicos, desde los que elaboran las ofertas y las planifican en la Dirección General de Función Pública, hasta el equipo del IAAP y los miembros de los Tribunales.

Existe una carencia tanto en medios materiales como en personal propio y de apoyo en estos órganos.

CSIF PROPONE:

La adecuada dotación de personal de las plantillas tanto de la Dirección General de Función Pública como del Instituto Aragonés de Administración Pública para que puedan gestionar con solvencia los procesos selectivos, igualmente pedimos que se les faciliten los medios técnicos necesarios, la formación requerida para su uso y el personal de apoyo que circunstancialmente puedan necesitar para la mayor eficacia en el desempeño de sus funciones.

 

Inexactitudes y errores en las convocatorias.

Las convocatorias suelen contener errores que suponen subsanaciones y pueden llevar a confusión a los candidatos. Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a la publicación de sucesivas correcciones de errores que en algunos casos introducen errores sobre errores, en ocasiones la Administración se plantea la disyuntiva de si realizar una corrección o no hacerlo, primando a veces el criterio de la economía jurídica y la premura sobre el de la seguridad jurídica y la equidad. Se pueden alargar innecesariamente los procesos, ya sea por las correcciones que llegan a modificar plazos, ya sea por su inexistencia y los recursos que conlleva el error arrastrado.

 

CSIF PROPONE:

La corrección en las convocatorias, que sigan la normativa vigente y sean escrupulosamente revisadas antes de su publicación por los servicios jurídicos y/o personal especializado en la materia para evitar errores, dilación en los procedimientos y judicialización de los mismos.

 

Complejidad de la digitalización

Se han articulado sistemas electrónicos tanto para la inscripción como para la consulta del desarrollo de los procesos, que parten de la voluntad de simplificar los procedimientos, pero que en la mayoría de los casos lo que hacen es complicarlos, y en algunos obligan a modificar fechas de los mismos y alargar aún más su desarrollo.

Hay que tener presente que para determinados sectores de la ciudadanía se complica en demasía el acceso a los procesos selectivos, en unos casos por carecer de los medios técnicos, en otros por no contar con los conocimientos para utilizarlos, en otros por falta de asesoramiento público para hacerlo.

 

CSIF PROPONE:

No aplicar procesos informáticos antes de haberse probado suficientemente y depurado los errores que puedan tener, así como facilitar apoyo a los ciudadanos que lo requieran. Sería deseable además del telefónico habilitar atención presencial para ello, incluso poder poner a disposición de la ciudadanía salas con ordenadores para poder inscribirse, puesto que se ha dado el caso de personas que, por falta tanto de conocimientos como de medios, han tenido que recurrir a contratar los servicios de una gestoría para inscribirse a una oposición.

 

Falta de homogeneidad en los criterios aplicados

La independencia de los Tribunales hace que cada uno tenga su propio criterio, tanto a la hora de establecer las preguntas, el nivel del ejercicio, el de la corrección… No dudamos de la buena voluntad de sus miembros, pero sería deseable homogeneidad en sus criterios y en el ejercicio de su cargo.

 

CSIF PROPONE:

El establecimiento de criterios homogéneos a seguir por todos los tribunales, la adecuación estricta tanto de los temarios como de los exámenes al nivel formativo exigido en cada convocatoria y que previamente a formar parte de un Tribunal se reciba la formación adecuada para desempeñar las funciones de una forma satisfactoria, proponemos que en un futuro próximo la labor de los tribunales se profesionalizara.

 

Excesiva duración de los procesos selectivos

Las oposiciones siguen siendo procesos que se dilatan en exceso en el tiempo, desde la publicación de la oferta de empleo de la que deriva una convocatoria hasta la incorporación de los aspirantes que han superado el proceso selectivo a un puesto en adscripción definitiva en ocasiones transcurren años.

Tampoco hay unos calendarios claros con el desarrollo de las convocatorias y sobre todo con las fechas de exámenes, aunque en las convocatorias informen que será de tres meses, lo que impide que los aspirantes puedan hacer una previsión adecuada en su preparación, y que los servicios encargados de gestionar los procesos se planifiquen adecuadamente.

 

CSIF PROPONE:

El respeto escrupuloso a los plazos marcados por la Ley. La calendarización de todos los procesos desde el momento en que se publique la convocatoria, y que se conozca con antelación suficiente la fecha de celebración de cada examen, incluso de forma aproximada antes de la propia publicación de la convocatoria. que una vez iniciado el proceso no se retrasen innecesariamente los exámenes, que los periodos de prácticas sean contenidos en su duración y que las tomas de posesión en destinos definitivos sean inmediatas a la finalización de los mismos.

 

 

Finalización de procesos con plazas sin cubrir

La dificultad de los exámenes suele ser desproporcionada al nivel formativo exigido para acceder a las plazas convocadas, lo que lleva a la frustración a los aspirantes, pero también a que queden desiertos puestos ofertados a causa de que la dificultad de los exámenes no se corresponde con el nivel formativo exigido a los candidatos, al escaso número de aspirantes que no llegan al último ejercicio por cortes establecidos de forma subjetiva y discrecional por los tribunales o por otras causas no achacables a los propios candidatos, como un planteamiento artificioso de las pruebas prácticas que no siempre responden al ejercicio normalizado de las funciones del puesto al que se aspira.

 

CSIF PROPONE:

Que el nivel de dificultad de los exámenes se corresponda tanto con el nivel formativo exigido para acceder a cada una de las convocatorias como a la realidad de las funciones a desempeñar. Los ejercicios teóricos deben de servir para valorar la capacidad de los opositores y no plantearse como una criba para limitar el número de los que acceden al siguiente examen. Los casos prácticos han de responder a las funciones reales del puesto y basarse en el efectivo desempeño del mismo, no a situaciones extremas o fuera del contexto habitual de los puestos de trabajo. Es inaceptable que queden vacantes plazas en procesos de participación masiva y que los participantes en los mismos coincidan en la apreciación de que el nivel no se correspondía con las plazas ofertadas.

 

Irregularidades y excesiva judicialización de los procesos selectivos

Es un signo de alarma que gran número de procesos selectivos acaben siendo judicializados, por motivos muy diversos. Los mencionados y otros problemas llevan al descontento de los participantes en los procesos, a reiteradas denuncias y judicialización de las oposiciones, algo indeseable y que complica todavía más los procesos llevando a resultados indeseables y erráticos en los mismos.

 

CSIF PROPONE:

Que en pro de un mejor funcionamiento de los procesos selectivos se realice una profunda revisión del sistema que dote al mismo de transparencia, seguridad jurídica, equidad y que dé confianza a todos aquellos que aspiran a un empleo en el sector público, que se estudie solucionar cada uno de los problemas que hemos enumerado y al hacerlo se eviten tanto las consecuencias negativas para los aspirantes como la frecuente judicialización, que además de alargar aún más los procesos añade aún más incertidumbre si cabe a los mismos.

 

Hemos trasladado reiteradamente estos extremos a la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, tanto en reuniones mantenidas con ellos como por escrito, con el contenido que aquí reflejamos, queremos, por el bien de los aspirantes a obtener un empleo público, de la propia administración y del servicio público que se presta a los ciudadanos, que los procesos selectivos sean impecables en su funcionamiento y resultados y que dejen de ser una constante fuente de litigios.